Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sección - Subsección B, en ejercicio de su competencia constitucional y legal, resolvió un recurso de súplica interpuesto contra un auto que rechazó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. La providencia, emitida en julio de 2025, confirma la negativa de admitir dicho recurso presentado por la parte actora, en un proceso originado por la demanda contra un hospital público regional.

Antecedentes procesales

La controversia inició con una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante la cual se solicitó que se declarara la existencia de una relación laboral encubierta entre una persona natural y el hospital desde 2008. La demandante reclamaba el reconocimiento y pago de emolumentos laborales, negados inicialmente por la entidad hospitalaria. En primera instancia, un juzgado administrativo accedió parcialmente a las pretensiones. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó esa decisión y negó la existencia de la relación laboral encubierta por falta de acreditación de los requisitos legales. Contra esta decisión, la demandante interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, recurso que fue concedido para su estudio por el Tribunal y remitido al Consejo de Estado. El despacho sustanciador, mediante auto del 16 de mayo de 2025, rechazó el recurso extraordinario por no cumplir con los requisitos legales para su admisión, decisión que motivó la interposición del recurso de súplica que fue resuelto en esta providencia.

Consideraciones jurídicas principales

El Consejo de Estado recordó que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como finalidad garantizar la unidad y uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho, conforme al artículo 256 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Este recurso procede únicamente contra sentencias de tribunales administrativos en única o segunda instancia que se estimen contrarias a una sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado. El artículo 261 del CPACA establece requisitos estrictos para la admisión del recurso, entre ellos: la identificación precisa de la sentencia de unificación que se alega contrariada y la demostración clara de la oposición entre dicha sentencia y la providencia impugnada. Además, el artículo 265 del mismo código prevé el rechazo de plano cuando no se cumplan estos requisitos. En el caso concreto, la Sala determinó que el recurso no cumplía con estos parámetros, ya que la sentencia de unificación invocada abordaba aspectos diferentes a los discutidos en el proceso, centrados en la temporalidad de contratos de prestación de servicios y condiciones específicas de afiliación a la seguridad social. La parte recurrente no logró demostrar que el tribunal hubiera contravenido la sentencia de unificación en cuestión. Asimismo, la Sala enfatizó que el recurso extraordinario de unificación no es una vía para reabrir debates probatorios ya resueltos en instancias ordinarias. La parte actora intentó cuestionar la valoración probatoria del tribunal sobre la existencia o no de la relación laboral encubierta, lo cual excede el alcance del recurso.

Conclusión de la Sala

Por lo anterior, la Sala confirmó el auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y ordenó devolver el proceso al despacho que inicialmente conoció de la solicitud. La decisión subraya la importancia de respetar los límites y requisitos legales para la interposición de este recurso y la función de esta corporación como garante de la unidad jurisprudencial, sin que ello implique una tercera instancia de revisión probatoria. Esta providencia reafirma el papel del Consejo de Estado como supremo tribunal de lo contencioso administrativo, encargado de garantizar la coherencia jurisprudencial y la correcta aplicación del derecho en materia administrativa, en un marco de respeto a las garantías procesales y a la función de los tribunales en primera y segunda instancia. Con esta decisión, se fortalece la seguridad jurídica y se preserva la jerarquía de las instancias judiciales, evitando dilaciones procesales innecesarias y asegurando un adecuado manejo de los recursos extraordinarios en el sistema judicial colombiano.