Providencia emitida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

El pasado 20 de octubre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió un auto que rechazó un recurso extraordinario de revisión presentado contra la sentencia dictada el 16 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Dicha sentencia confirmó la decisión de primera instancia que negó la nulidad y restablecimiento del derecho solicitado en un proceso relacionado con la inscripción de un inmueble rural en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

Antecedentes del proceso

El proceso originó en una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada en agosto de 2018, con el objeto de anular resoluciones administrativas mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas decidió no iniciar formalmente el trámite de inscripción de un predio rural en el registro mencionado. En enero de 2022, el Juzgado Administrativo del Circuito de Cali negó las pretensiones por considerar que los actos administrativos se ajustaban a la normatividad aplicable y respetaban el debido proceso. Posteriormente, en mayo de 2025, el Tribunal Administrativo confirmó esa decisión, señalando que la entidad demandada actuó conforme a los requisitos legales establecidos en la Ley 1448 de 2011 para abstenerse de iniciar el trámite.

El recurso extraordinario de revisión y su inadmisión

El recurrente interpuso en junio de 2025 un recurso extraordinario de revisión invocando causales previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), especialmente la causal relacionada con la aparición de documentos decisivos posteriores y la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso sin posibilidad de apelación. Sin embargo, el recurso presentaba deficiencias en la exposición clara de los hechos y fundamentos, además de no adjuntar el poder conferido para su interposición ni acreditar el cumplimiento de la obligación de notificar simultáneamente a la parte demandada, según lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022. La magistrada ponente otorgó un plazo de cinco días para subsanar dichas falencias, pero no se presentó ninguna corrección en el término legal. En consecuencia, mediante auto notificado por estado, se inadmitió y finalmente se rechazó el recurso extraordinario de revisión con base en el artículo 253 del CPACA, que establece el rechazo cuando no se subsanan las falencias dentro del plazo otorgado.

Consideraciones jurídicas de la decisión

El Consejo de Estado ratificó su competencia para conocer y decidir sobre la admisibilidad del recurso conforme a los artículos 249, 125 y 253 del CPACA y los acuerdos internos del Consejo. Además, aplicó rigurosamente las disposiciones normativas relativas a la procedencia, oportunidad y requisitos formales del recurso extraordinario de revisión, enfatizando la necesidad de cumplir con los requisitos de claridad en los fundamentos, presentación oportuna, y acreditación del cumplimiento de las obligaciones procesales para garantizar la defensa y la economía procesal. El rechazo del recurso se fundamentó en la falta de subsanación oportuna de las falencias advertidas, lo que impidió el análisis de fondo de las causales invocadas por el recurrente. De esta manera, se concluye el trámite del proceso con el archivo del expediente tras la ejecutoria de esta providencia.

Importancia del control riguroso en recursos extraordinarios

Esta providencia resalta la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos legales y formales para la admisión de recursos extraordinarios de revisión en la justicia administrativa, contribuyendo a la seguridad jurídica y a la adecuada administración de justicia en materia de restitución de tierras y protección de derechos fundamentales. La decisión subraya también la función del Consejo de Estado como máxima instancia en la revisión de sentencias administrativas, velando porque los procesos se desarrollen conforme a la ley y garantizando el respeto a los principios procesales esenciales. Con esta actuación, se fortalece la confianza en el sistema judicial y se promueve el respeto a las normas que regulan la restitución de tierras en Colombia.