Providencia y tribunal

La decisión corresponde a una sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La providencia judicial fue dictada el 19 de septiembre de 2025 y resuelve una acción de reparación directa interpuesta contra el Ministerio TIC.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó por la demanda presentada contra el Ministerio TIC alegando responsabilidad patrimonial por el cierre temporal de una emisora comercial de radiodifusión sonora en frecuencia de Amplitud Modulada (A.M.). El concesionario, que había obtenido la concesión desde 1973 y realizado sucesivas prórrogas, solicitó en 2008 una nueva prórroga y cumplió con los requisitos administrativos y financieros requeridos. Sin embargo, en 2015, el Ministerio TIC emitió la Resolución 2759 mediante la cual formalizó y ordenó el archivo del expediente del concesionario, así como el recobro de la frecuencia asignada, argumentando incumplimiento en las obligaciones financieras. Posteriormente, el Ministerio reconoció que la decisión se basó en información financiera incorrecta y revocó íntegramente dicho acto mediante la Resolución 1996 de 2018. El cierre de la emisora se extendió aproximadamente por un año, hasta que se levantó la medida. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la reparación solicitada, fundamentando su decisión en la insuficiencia de pruebas para acreditar la cuantía de los perjuicios económicos y laborales alegados por el demandante, a pesar de reconocer el daño causado por el cierre temporal.

Consideraciones de la providencia

El Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia en cuanto declaró la responsabilidad del Ministerio TIC por el cierre temporal de la emisora. Reconoció que la resolución administrativa que ordenó la cancelación y recobro de la frecuencia se fundamentó en hechos no actuales ni veraces respecto a las obligaciones financieras del concesionario, configurando así un vicio de ilegalidad y una falla en el servicio público. No obstante, la Sala confirmó la negativa a indemnizar los perjuicios económicos y laborales reclamados, ya que el demandante no aportó pruebas suficientes para demostrar la extensión exacta del daño económico ni su cuantía, incumpliendo la carga probatoria que le corresponde. Además, se señaló que la posibilidad de dictar sentencia anticipada no exime a la parte de presentar evidencias claras ni de solicitar la práctica de pruebas adicionales. Por último, se estableció que la presunción de legalidad que podría derivarse de documentos firmados por profesionales contables no sustituye ni prevalece sobre la valoración judicial basada en la sana crítica y la carga de la prueba establecida en la ley procesal.

Decisión

En consecuencia, el Consejo de Estado ordenó revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y declarar la responsabilidad del Ministerio TIC por el cierre temporal de la emisora. Se negaron las demás pretensiones indemnizatorias por falta de prueba suficiente y no se impuso condena en costas dado el carácter parcial de la prosperidad de la demanda. El expediente fue devuelto al tribunal de origen para su cumplimiento. Esta decisión reafirma principios fundamentales sobre la responsabilidad administrativa y la importancia de la prueba en los procesos de reparación directa frente a actos administrativos con vicios de ilegalidad que afectan derechos y actividades comerciales, sentando un precedente relevante para casos similares en el futuro.