Tipo de acuerdo, entidades involucradas y fecha de expedición

El Acuerdo 16 de 2025, expedido el 28 de octubre de 2025, es un acto interadministrativo adoptado por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR), órgano adscrito al Departamento Nacional de Planeación. Este cuerpo colegiado ejerce la función de regular y definir lineamientos para el adecuado funcionamiento del SGR, conforme a las facultades conferidas por la Ley 2056 de 2020 y los Actos Legislativos 05 de 2011 y 05 de 2019.

Objeto y finalidad del Acuerdo

El acuerdo tiene por objeto modificar el inciso tercero del numeral 1 del artículo 4.1.2.1.1. del Acuerdo único número 03 de 2021, que regula los requisitos para la viabilización de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR. Específicamente, se ajustan las disposiciones relativas a la presentación desglosada de los costos directos, indirectos y el factor prestacional o multiplicador, excluyendo aquellos gastos recurrentes permanentes posteriores a la finalización del proyecto. La finalidad principal es garantizar que la estimación presupuestal de dichos proyectos refleje la totalidad y naturaleza real de los costos asociados, para asegurar la viabilidad financiera conforme a los criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales establecidos en la normativa vigente.

Ámbito de aplicación y principales disposiciones

El Acuerdo aplica en todo el territorio nacional y a todas las entidades habilitadas para presentar proyectos dentro del marco del Sistema General de Regalías. Entre las principales disposiciones se destaca la obligación de presentar un certificado suscrito por el representante legal o funcionario competente de la entidad proponente, que acredite los costos indirectos relacionados con tasas, impuestos o contribuciones territoriales, conforme a la naturaleza del proyecto y a la normativa vigente.

Impacto potencial y relevancia para la comunidad y las entidades

Esta modificación tiene un impacto significativo en el proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, al facilitar una mayor transparencia y precisión en la estimación presupuestal. Esto contribuye a una mejor planificación financiera y técnica, evitando la inclusión de gastos recurrentes que podrían comprometer la sostenibilidad de los proyectos. Para la comunidad local, la correcta viabilidad de los proyectos implica una mejor ejecución de obras y programas financiados con regalías, lo que se traduce en beneficios concretos para el desarrollo regional y sectorial. Para las entidades territoriales y sectoriales, la claridad en los requisitos reduce la incertidumbre administrativa y mejora la gestión de los recursos públicos.

Sustento legal y mecanismos de participación ciudadana

El Acuerdo se fundamenta en el artículo 5° de la Ley 2056 de 2020, que atribuye a la Comisión Rectora del SGR la competencia para dictar regulaciones administrativas para el funcionamiento del sistema, así como en el Decreto 1821 de 2020 y los actos legislativos que rigen las regalías. Adicionalmente, se destaca el proceso participativo realizado para la modificación, que incluyó seis mesas de trabajo con ministerios y departamentos administrativos sectoriales, socialización con equipos técnicos y dos periodos de consulta ciudadana a través de la página web del Departamento Nacional de Planeación. Esta dinámica permitió incorporar observaciones y ajustar la redacción del Acuerdo para atender comentarios de la ciudadanía y garantizar la transparencia normativa.

Seguimiento y vigencia

El Acuerdo entró en vigencia al día siguiente de su publicación oficial, estableciendo un marco claro para la presentación y evaluación de los costos en los proyectos de inversión del SGR. No se especifican en el texto mecanismos particulares de seguimiento, pero la Comisión Rectora mantiene funciones de control y supervisión sobre la implementación de sus acuerdos. Este ajuste normativo reafirma el compromiso de las entidades responsables del Sistema General de Regalías con la eficiencia, transparencia y sostenibilidad en la inversión pública destinada al desarrollo territorial y sectorial en Colombia, promoviendo así un uso más responsable y efectivo de los recursos públicos que contribuyen al bienestar de las comunidades.