Entidad emisora, número y fecha de la resolución

La presente actualización fue emitida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas mediante la Resolución 01844 de 14 de octubre de 2025, publicada en el Diario Oficial No. 53.287 el 28 de octubre de 2025. Esta resolución modifica disposiciones previas contenidas en la Resolución número 00004 del 2 de enero de 2025.

Tema principal y destinatarios

El tema central de la resolución es la adopción de una nueva tabla de honorarios para la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así como la definición de una escala para gastos reembolsables en el marco de los contratos que celebre la Unidad durante 2025. La regulación se dirige principalmente a los contratistas que prestan servicios a la entidad y a las dependencias encargadas de la gestión contractual dentro de la Unidad. Este público es relevante dado que la resolución establece parámetros claros para la remuneración y reembolso de gastos, alineados con la normatividad vigente.

Objetivo de la resolución

El propósito es garantizar que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo se realicen con base en criterios de idoneidad, experiencia y condiciones de mercado, fortaleciendo la eficiencia administrativa y la transparencia en la gestión pública. Además, busca promover la vinculación de jóvenes sin experiencia bajo las condiciones establecidas en la Ley 2214 de 2022, fomentando la inclusión laboral.

Decisiones y regulaciones principales

La resolución adopta una tabla de honorarios que establece montos máximos según categorías y niveles, con requisitos académicos y de experiencia para cada perfil. Se contempla una excepción en la determinación de honorarios para profesionales expertos o para actuaciones judiciales específicas. Asimismo, se establecen equivalencias entre estudios y experiencia profesional que permiten valorar la capacidad del contratista de manera proporcional y razonable. Por ejemplo, un título de posgrado en maestría puede equivaler a tres años de experiencia profesional, o viceversa, siempre que se acredite el título profesional correspondiente. En materia de gastos reembolsables, se regula el reconocimiento de gastos de desplazamiento relacionados con el cumplimiento de obligaciones contractuales, estableciendo límites y requisitos de soporte documental. No se admitirán gastos por servicios de transporte especiales o plataformas digitales. También se reafirma la responsabilidad de los jefes de unidades ejecutoras en la selección objetiva de contratistas, asegurando la correspondencia entre el perfil requerido y las cargas obligacionales del contrato. Se prevé la posibilidad de excepcionar requisitos de honorarios y experiencia previa justificación. Adicionalmente, se establece que los contratos que superen los valores máximos de honorarios deben contar con autorización expresa del Director General de la Unidad.

Base legal y modificaciones

La resolución se fundamenta en la Constitución Política, en particular los artículos 209 y 211, así como en múltiples normas legales y reglamentarias, entre ellas la Ley 1448 de 2011, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2214 de 2022, y decretos reglamentarios como el 1068 y el 1082 de 2015. Esta disposición deroga las normas anteriores sobre la materia, actualizando los criterios para la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la entidad.

Plazos y vigencia

La resolución entra en vigor desde su publicación y es aplicable para la vigencia 2025. No procede recurso contra este acto administrativo, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Impacto potencial

Esta actualización establece un marco claro y uniforme para la remuneración y gastos en la contratación de servicios profesionales en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Además, promueve la inclusión laboral de jóvenes sin experiencia, en línea con la política pública vigente. La regulación contribuye a fortalecer la transparencia, la eficiencia y la legalidad en los procesos contractuales, protegiendo tanto a la entidad como a los contratistas, y asegurando así una gestión más justa y eficaz durante el año 2025.