Objetivo y ámbito de aplicación del proyecto

El proyecto de acto legislativo 406 de 2025 tiene como objetivo principal modificar el artículo 360 de la Constitución Política de Colombia para prohibir de manera expresa las actividades de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en los departamentos que conforman íntegramente la Región Amazónica (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés) y en áreas del bioma amazónico localizadas dentro de Cauca, Meta, Nariño y Vichada. La iniciativa se encuentra en trámite legislativo, con presentación formal en octubre de 2025 y discusión pendiente en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, órgano competente para reformas constitucionales. Los siguientes pasos previstos incluyen debates en plenaria y la eventual sanción presidencial para su entrada en vigor.

Contexto y problemática que motiva la propuesta

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la protección ambiental, social y climática de la Amazonía colombiana, un ecosistema estratégico globalmente reconocido por su biodiversidad, servicios ecosistémicos y función como sumidero de carbono. A lo largo de décadas, la actividad hidrocarburífera en la región ha generado impactos ambientales severos, como contaminación de fuentes hídricas, deforestación y pérdida de biodiversidad, además de conflictos socioambientales y violaciones de derechos de comunidades indígenas y locales. Situaciones documentadas en Putumayo, Caquetá y otros departamentos evidencian daños acumulativos, deficiencias en consultas previas y violencia contra defensores del territorio. El proyecto responde también a compromisos internacionales en materia ambiental, climática y de derechos humanos asumidos por Colombia, y a precedentes internacionales y regionales de protección jurídica frente a actividades extractivas en ecosistemas sensibles.

Contenido clave del proyecto

La reforma propuesta modifica el artículo 360 constitucional e incluye dos parágrafos específicos: el primero establece la prohibición absoluta de actividades hidrocarburíferas en la Amazonía y áreas relacionadas dentro de varios departamentos; el segundo reconoce la vigencia de derechos adquiridos por contratos vigentes a la fecha de sanción, pero impide su renovación o ampliación. Además, se faculta al Gobierno nacional para reglamentar la materia. El proyecto enfatiza la protección constitucional del ambiente sano, la función ecológica del territorio amazónico y los derechos de las comunidades indígenas como fundamentos de la medida.

Debate y posturas de actores involucrados

El proyecto ha sido presentado en múltiples ocasiones desde 2019, enfrentando diversas dificultades en su trámite, incluyendo falta de mayorías absolutas y archivo por vencimiento de términos. En el debate actual, defensores argumentan que la prohibición es indispensable para conservar la biodiversidad, cumplir compromisos climáticos y proteger derechos fundamentales, destacando los impactos ambientales y sociales negativos de la industria hidrocarburífera. Por su parte, algunos sectores económicos y políticos plantean inquietudes sobre la posible afectación a la seguridad energética y a ingresos fiscales, aunque informes técnicos indican que la Amazonía aporta un porcentaje marginal a la producción nacional y que la prohibición no comprometería la seguridad energética del país. La discusión también involucra temas de justicia ecológica, derechos colectivos y desarrollo sostenible.

Comparación con legislaciones similares en el mundo

El proyecto se inscribe en una tendencia internacional creciente de restricciones legales a la actividad hidrocarburífera en territorios de alto valor ambiental. Se destacan ejemplos como Francia, que prohibió la exploración y explotación de hidrocarburos de manera definitiva incluyendo su Amazonía de ultramar; Dinamarca, que canceló nuevas licencias y planea cierre total de producción fósil para 2050; Belice, con moratoria indefinida reforzada por referendo popular; y Ecuador, donde un referendo aprobó la prohibición en el Parque Nacional Yasuní. Estas experiencias respaldan la viabilidad jurídica y la legitimidad democrática de medidas similares en Colombia, con particular énfasis en la protección de ecosistemas estratégicos y pueblos indígenas.

Impacto potencial y análisis económico

El impacto ambiental esperado es la protección efectiva de uno de los ecosistemas más biodiversos y relevantes para la regulación climática global, evitando la expansión de actividades extractivas que generan contaminación, deforestación y conflictos sociales. Desde el punto de vista económico, la producción de hidrocarburos en la Amazonía representa apenas un 3,3% de la nacional, concentrada principalmente en Putumayo, sin reservas de gas probadas en la región. La prohibición no afecta contratos vigentes ni derechos adquiridos, y no implicaría un impacto fiscal directo ni comprometería la seguridad energética nacional. Se plantea la necesidad de una transición hacia economías verdes basadas en la conservación, ecoturismo, biocomercio y sistemas agroforestales, con potencial para generar empleo y desarrollo sostenible en la región. Asimismo, se advierte sobre el riesgo de activos varados y la incompatibilidad de la expansión petrolera con los compromisos climáticos colombianos.

Conclusión del estado del proyecto

El proyecto de acto legislativo 406 de 2025 se encuentra en la etapa inicial de discusión en Comisión Constitucional en la Cámara de Representantes, con antecedentes de intentos previos infructuosos. Su aprobación implicaría una reforma constitucional con efectos de alto nivel jurídico para garantizar la prohibición permanente de actividades hidrocarburíferas en la Amazonía colombiana, consolidando la protección de un ecosistema vital para Colombia y el mundo, y promoviendo un modelo de desarrollo sostenible respetuoso de la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. La expectativa es que, con un amplio respaldo social y político, esta iniciativa permita sentar un precedente en la legislación ambiental nacional, reafirmando el compromiso del país con la conservación y el respeto por la vida en uno de sus territorios más valiosos.