Contexto y marco normativo
El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en octubre de 2025, buscaría modificar el Decreto 1068 de 2015, específicamente los artículos 2.25.3, 2.25.4 y 2.25.5, con base en la evaluación de la implementación del Decreto 2120 de 2023, que creó el programa “CREO, un crédito para conocernos”. Esta iniciativa se enmarca en las políticas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y la Ley 2294 de 2023, que promueven la inclusión financiera y el fortalecimiento de la economía popular y comunitaria.
Propósito y grupos beneficiarios
El propósito principal del proyecto sería ajustar las condiciones de acceso y las características financieras de las operaciones de crédito dirigidas a micronegocios urbanos y pequeños productores agropecuarios, sectores de la economía popular que enfrentan limitaciones para acceder a financiamiento formal. El programa apuntaría a promover la inclusión crediticia, mejorar las condiciones de los créditos y ampliar su cobertura para facilitar el desarrollo productivo de estos grupos.
Modificaciones propuestas
Entre los cambios más relevantes que se plantearían estarían:
- Actualización de la denominación: El programa cambiaría su nombre de “CREO, un crédito para conocernos” a “A Pulso”, sin alterar su naturaleza ni objetivos.
- Aumento de montos máximos: Se propondría elevar el monto máximo de crédito individual y grupal para ambos segmentos (no agropecuario y agropecuario) a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (6 SMMLV), equivalentes aproximadamente a 8,5 millones de pesos para 2025.
- Ampliación de plazos: Para el segmento no agropecuario se extendería el plazo máximo de pago de 12 a 24 meses, mientras que para el segmento agropecuario se aumentaría hasta 36 meses, considerando los ciclos productivos más largos y variables de este sector.
- Condiciones de acceso: Se mantendrían requisitos como ser persona natural o jurídica, ser mayor de edad (en caso de personas naturales), pertenecer a grupos específicos del SISBEN IV o tener ingresos anuales inferiores a 50 SMMLV, y destinar el crédito a proyectos productivos o sustitución de pasivos.
- Clarificación sobre créditos previos: La restricción de no haber recibido crédito o tener operaciones vigentes en los últimos dos años se aplicaría solo en la primera postulación y no para créditos grupales o asociativos.
- Incentivo al pago oportuno: Se fijaría un incentivo único del 5% sobre el valor del capital del crédito para deudores que cumplan con los pagos sin mora superior a 30 días, eliminando la redacción ambigua anterior que indicaba “hasta un 5%”.
Acciones y disposiciones específicas
El proyecto establecería que los créditos solo serían otorgados por proveedores de crédito autorizados y que los beneficiarios deberían cumplir con las condiciones de acceso señaladas. Los incentivos al buen pago serían aplicados por las entidades administradoras de los créditos, buscando uniformidad y claridad en su implementación.
Participación de actores clave
La implementación y supervisión del programa involucraría a diversas entidades del Gobierno nacional, tales como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. También participarían el Grupo Bicentenario S.A.S. y sus empresas, incluyendo Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías y FINAGRO, así como proveedores de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria, y empresas del sector Fintech.
Participación ciudadana y acceso al proyecto
El proyecto de decreto habría sido publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para consulta pública, incluyendo un periodo inicial de 15 días entre el 25 de agosto y el 9 de septiembre de 2025, con una extensión adicional de 5 días para informar sobre la actualización en la denominación del programa. Durante este tiempo, la ciudadanía y grupos de interés podrían presentar observaciones y sugerencias para enriquecer el proceso normativo.
En resumen, el proyecto buscaría adecuar las condiciones financieras y de acceso del programa de crédito dirigido a la economía popular para aumentar su cobertura y efectividad, en línea con las políticas nacionales de inclusión financiera y desarrollo económico. Se espera que, con estas modificaciones, micronegocios urbanos y pequeños productores agropecuarios puedan acceder a créditos más flexibles y accesibles, impulsando así el crecimiento y la formalización de la economía popular en Colombia.
