Tipo de acuerdo, entidades involucradas y fecha
El Acuerdo 01 de 2025 es un acto administrativo expedido por la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, firmado el 30 de septiembre de 2025 y publicado en el Diario Oficial el 4 de noviembre del mismo año. Este acuerdo fija los valores de las viviendas por categoría para los beneficiarios del Fondo de Solidaridad durante la vigencia fiscal 2026.
Objeto y finalidad del acuerdo
El acuerdo tiene como objeto principal establecer el valor máximo de las soluciones de vivienda que serán adjudicadas a los beneficiarios del Fondo de Solidaridad. Este fondo tiene como finalidad otorgar una solución habitacional única a los beneficiarios de afiliados fallecidos o retirados por invalidez, que cumplan con los requisitos legales, en especial a quienes hayan sido afectados en actos del servicio o por enfermedad catastrófica. La fijación del valor busca asegurar que las viviendas cumplan con los parámetros del derecho fundamental a una vivienda digna, ajustando los valores conforme a la situación económica del fondo y la inflación proyectada.
Ámbito de aplicación y principales disposiciones
El Acuerdo aplica a nivel nacional para todos los beneficiarios del Fondo de Solidaridad adscritos a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, incluyendo personal militar, policial y civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y la Caja. Entre las principales disposiciones destacan:
- Fijación de valores máximos de vivienda por categoría para la vigencia 2026.
- Incremento adicional hasta seis millones de pesos para viviendas que requieran adecuaciones por disminución de capacidad psicofísica de beneficiarios.
- Clasificación de beneficiarios conforme a categorías establecidas en acuerdos previos.
- El valor fijado constituye un tope máximo de negociación para la adquisición de viviendas.
- Revisión y ajuste posterior de los valores con base en la certificación del IPC para 2026 emitida por el DANE.
Impacto potencial en la comunidad y entidades
Este acuerdo tiene un impacto directo en la comunidad de beneficiarios, quienes podrán acceder a soluciones habitacionales con valores actualizados y adaptados a sus necesidades específicas, incluyendo aquellas que requieren adecuaciones especiales. Para la entidad, garantiza la viabilidad financiera y jurídica del proceso de adjudicación de vivienda, alineándose con la legislación vigente y asegurando el correcto uso de los recursos presupuestados para el Fondo de Solidaridad.
Sustento legal y mecanismos de seguimiento
La expedición del acuerdo se fundamenta en el Decreto Ley 353 de 1994, modificado por la Ley 973 de 2005 y la Ley 1305 de 2009, que regulan el Fondo de Solidaridad y facultan a la Junta Directiva para fijar los valores de vivienda anualmente. Además, el acuerdo cuenta con respaldo jurídico tras un análisis de viabilidad realizado por la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, que evaluaron la normatividad aplicable y los riesgos financieros asociados. El seguimiento incluye la revisión del valor fijado una vez certificado el IPC por el DANE, permitiendo ajustes necesarios para mantener la adecuación económica del fondo.
Contexto y respaldo institucional
Este acuerdo se inscribe en la práctica anual de fijación de valores para la adjudicación de vivienda a beneficiarios del Fondo de Solidaridad, continuando la labor iniciada en acuerdos anteriores y respondiendo a las proyecciones económicas actuales, como la inflación estimada en 5,03% para 2026. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, a través de su Junta Directiva y los órganos asesores, cumple con sus responsabilidades legales y administrativas para garantizar el acceso a vivienda digna a sus beneficiarios, en cumplimiento del marco normativo vigente.
Este acto administrativo representa un instrumento clave para el desarrollo social y la protección de los derechos de militares, policías y sus familias, facilitando el acceso a vivienda adecuada mediante una gestión transparente, técnica y jurídicamente sustentada. Así, se fortalece el compromiso institucional con el bienestar y la calidad de vida de quienes han servido al país, asegurando que el Fondo de Solidaridad continúe siendo un apoyo efectivo y sostenible para sus beneficiarios.
