Objetivo y ámbito del proyecto de ley
El proyecto se enfoca en el sector energético con especial atención al servicio público de energía eléctrica. Su propósito principal es actualizar el marco regulatorio para corregir distorsiones, cerrar brechas sociales y territoriales y adecuar la regulación a las condiciones actuales del mercado y necesidades sociales. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de presentación ante el Congreso, con trámites pendientes en comisiones y plenarias, y plazos definidos para la reglamentación por parte del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Contexto y problemáticas que aborda la iniciativa
El servicio eléctrico es esencial para el desarrollo económico y social, pero enfrenta desafíos como la volatilidad tarifaria, ineficiencias en la asignación de subsidios, baja participación ciudadana en la regulación, y alta dependencia de fuentes hidráulicas vulnerables a fenómenos climáticos. La estructura tarifaria actual presenta dificultades para usuarios vulnerables, especialmente en estratos socioeconómicos bajos y regiones como la Costa Caribe, donde los costes operativos y cargos adicionales encarecen el servicio. Además, la composición y funcionamiento del mercado mayorista de energía reflejan problemas de concentración y volatilidad en los precios que afectan a los consumidores.
Contenido clave del proyecto de ley
Entre las disposiciones más relevantes se incluyen:
- Mitigación de la opción tarifaria: Redistribución de la deuda acumulada por esta modalidad desde usuarios vulnerables (estratos 1, 2 y 3) hacia usuarios con mayor capacidad de pago (estratos 5, 6 y no residenciales), con mecanismos definidos por la CREG y criterios de excepción del Ministerio de Minas y Energía.
- Focalización eficiente de subsidios: Incorporación de criterios basados en consumo técnico y condiciones socioeconómicas reales para mejorar la asignación de subsidios, evitando otorgarlos a hogares con altos ingresos que actualmente se benefician por la estratificación.
- Eliminación de cobros no relacionados en facturas: Prohibición del cobro de tasas, impuestos o contribuciones ajenas al servicio de energía eléctrica en la factura, con un plazo para que las entidades territoriales ajusten sus ordenanzas.
- Mecanismos de estabilización tarifaria: Implementación de esquemas para limitar la volatilidad de precios en bolsa, aumentar la contratación bilateral a largo plazo y establecer tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias electrointensivas.
- Reforma en la composición de la CREG: Inclusión de representantes de la academia, usuarios y trabajadores del sector, además de expertos técnicos, para fortalecer la participación democrática y el control social en la regulación tarifaria.
- Regulación tarifaria y evaluación de costos: Introducción de criterios especiales para evitar la doble remuneración de activos con vida útil cumplida, evaluación periódica de costos en actividades con libertad vigilada o libre competencia, y ajustes para pérdidas no eficientes.
- Mecanismos para la confiabilidad y gestión del riesgo: Revisión del esquema del Cargo por Confiabilidad para priorizar recursos nuevos, tecnologías limpias y asegurar la estabilidad del sistema eléctrico en condiciones críticas.
- Incremento y optimización de fondos energéticos: Aumento en el recaudo para fondos como FAER, FAZNI, PRONE y FOES, destinados a reducir la pobreza energética, ampliar cobertura y fomentar fuentes limpias de autogeneración e interconexiones seguras.
- Diferenciación de precios según tecnología: Ajuste del reglamento del mercado mayorista para establecer precios diferenciados por tecnología de generación, con topes máximos y mínimos, buscando mayor equidad y estabilidad tarifaria.
- Incremento en transferencias ambientales: Posibilidad de transferir un 2% adicional de las ventas brutas de plantas hidroeléctricas para financiar proyectos sociales y tarifarios en comunidades impactadas por grandes proyectos energéticos.
Impacto potencial y debate en torno al proyecto
El proyecto busca equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico con la protección de usuarios vulnerables, la promoción de la eficiencia y la transición energética. Su impacto se espera en la reducción de la volatilidad tarifaria, mejor focalización de subsidios, fortalecimiento de la participación ciudadana y actualización normativa para la remuneración de activos y contratación de energía.
Sin embargo, el debate gira en torno a la complejidad técnica de implementar esquemas tarifarios diferenciados, la redistribución de cargas entre usuarios y la ampliación de la composición de la CREG, que podría generar discusiones sobre la autonomía técnica frente a la participación social. Algunos sectores empresariales podrían manifestar reservas respecto a cambios en la remuneración de activos y mecanismos de confiabilidad, mientras organizaciones civiles y usuarios podrían valorar positivamente la incorporación de mecanismos de control social y mayor equidad tarifaria.
Comparación con legislaciones similares
El proyecto incorpora tendencias internacionales en regulación energética, como el fomento de fuentes renovables, mecanismos tarifarios diferenciados por tecnología y programas de participación ciudadana en la regulación. Países de la Unión Europea y Estados Unidos han implementado esquemas de precios por tecnología y contratos centralizados para mitigar la volatilidad y promover la transición energética, reflejando una convergencia en las mejores prácticas regulatorias.
Conclusión
El Proyecto de Ley 432 de 2025 representa un esfuerzo legislativo integral para modernizar y democratizar el sector energético colombiano, alineando la regulación con principios constitucionales de equidad, sostenibilidad y participación. Su desarrollo y aprobación serán determinantes para enfrentar los desafíos del mercado eléctrico, la transición energética y la garantía de derechos fundamentales asociados al acceso a la energía, preservando el interés general y la estabilidad del sistema. De esta manera, esta iniciativa busca asegurar que el sector energético responda a las necesidades actuales y futuras del país, promoviendo un modelo más justo, eficiente y sostenible para todos los colombianos.
