Objetivo y estado del proyecto

El principal objetivo de este proyecto de ley es derogar el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que establece una jerarquía rígida para los determinantes del ordenamiento territorial en Colombia, afectando la autonomía de los municipios y distritos. El proyecto está en etapa de presentación y análisis en comisiones, con pasos siguientes que incluyen la discusión en plenarias y la posible votación para convertirse en ley.

Contexto y problemáticas

Colombia es un Estado unitario con un modelo descentralizado que reconoce la autonomía de las entidades territoriales para administrar sus recursos y definir sus prioridades de desarrollo. El artículo 32 de la Ley 2294 modificó la Ley 388 de 1997, estableciendo seis niveles de prevalencia para los determinantes del ordenamiento territorial, lo que ha generado preocupación por restringir la capacidad de los municipios para decidir sobre el uso del suelo. La jerarquización impone, entre otros, la protección del medio ambiente, la producción de alimentos y la conservación del patrimonio cultural como prioridades obligatorias, limitando la libertad de las entidades territoriales para adaptarse a sus realidades específicas. Esta medida ha sido criticada por vulnerar principios constitucionales como la autonomía territorial, la participación ciudadana y la libertad de empresa.

Contenido clave del artículo 32 y sus implicaciones

El artículo 32 introduce figuras como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), que restringen actividades económicas distintas a la agricultura en amplias zonas rurales. Estas áreas deben ser incorporadas obligatoriamente en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) municipales, subordinando las decisiones locales a criterios nacionales. Adicionalmente, se elevan los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) a determinantes de ordenamiento territorial de segundo nivel, lo que limita aún más la autonomía local y centraliza la planificación territorial en entidades nacionales. El proyecto denuncia deficiencias en la claridad normativa, falta de mecanismos efectivos de participación ciudadana y ausencia de procedimientos técnicos y jurídicos adecuados para delimitar estas zonas, generando inseguridad jurídica y posibles arbitrariedades en la administración pública.

Debate y posturas de los actores involucrados

Diversas entidades públicas, organizaciones civiles y expertos han manifestado su preocupación ante la vigencia del artículo 32. La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Corte Constitucional declarar su inexequibilidad por vulnerar la autonomía territorial y la distribución de competencias prevista en la Constitución. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural defiende la jerarquización como necesaria para garantizar la seguridad alimentaria y preservar el suelo rural, aunque no ha cumplido con la implementación de procedimientos técnicos previstos por la norma. La Corte Constitucional adelanta un proceso para evaluar la constitucionalidad del artículo, mientras que la ciudadanía y entidades territoriales reclaman mayor participación y respeto a sus competencias.

Impacto potencial

De mantenerse el artículo 32, se prevé un impacto negativo en la autonomía de los municipios y distritos, limitando su capacidad para definir el uso del suelo y desarrollar proyectos productivos diversos. Además, la imposición de restricciones sin un marco claro y participativo podría generar inseguridad jurídica para propietarios y empresarios, afectando la inversión y el desarrollo económico local. La derogatoria propuesta permitiría restablecer el equilibrio constitucional entre el nivel central y territorial, fortalecer la descentralización y garantizar una planificación territorial democrática y ajustada a las necesidades locales.

Aspectos legislativos y procedimiento

El proyecto plantea que el artículo 32 fue incluido en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, una ley ordinaria, pese a que modifica competencias reservadas para leyes orgánicas, lo que podría afectar la validez del procedimiento legislativo seguido. La iniciativa legislativa no genera impacto fiscal y no presenta conflictos de interés entre los congresistas, facilitando su discusión en el Congreso. En conclusión, el Proyecto de Ley número 434 de 2025 en la Cámara representa un debate crucial sobre la autonomía territorial, la distribución de competencias y el respeto a derechos fundamentales en Colombia, en un contexto donde la planificación territorial enfrenta retos complejos entre la centralización y la descentralización del poder. Su avance y eventual aprobación serán determinantes para definir el futuro del ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible en el país.