Propósito general del proyecto
El proyecto de resolución de la ADRES tiene como propósito modificar la Resolución 61289 de 2024 para establecer disposiciones claras en el proceso de reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de COVID-19 realizadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Busca mejorar el procedimiento administrativo y garantizar el cumplimiento de los términos legales para la presentación y subsanación de la información por parte de las EPS y EOC.
Objetivo principal y grupos afectados
El objetivo principal es optimizar la transparencia y eficiencia en el manejo de recursos para el pago de las pruebas COVID-19, asegurando el debido proceso y la correcta gestión de la información. El proyecto beneficia directamente a las EPS, EOC y prestadores de servicios de salud (IPS), quienes están involucrados en la presentación de datos para el reconocimiento económico de estas pruebas. Además, impacta positivamente en la administración de recursos públicos y en la garantía de derechos de los actores del sistema de salud.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
El proyecto modifica varios artículos clave de la Resolución 61289 de 2024, destacándose las siguientes innovaciones:
- Se implementa una herramienta tecnológica en el portal web de la ADRES para que las EPS/EOC reporten la información de las pruebas de forma desagregada y validada, garantizando que las IPS que toman y procesan las muestras estén registradas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
- Se establece que el reporte debe incluir la compra, toma y procesamiento de las pruebas, con validaciones automáticas para evitar inconsistencias.
- Se define un término para la subsanación de la información: las EPS/EOC tendrán seis meses desde la comunicación del resultado de la validación para corregir inconsistencias detectadas.
- Se permite, por única vez, la presentación de subsanaciones en casos donde el resultado de la validación se haya comunicado después del vencimiento del término original para presentar la información.
Acciones y regulaciones específicas
Entre las medidas regulatorias, el proyecto establece que:
- Las EPS/EOC deben presentar las solicitudes de reconocimiento de pruebas realizadas entre el 17 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2022 dentro de un término máximo de cinco años desde la fecha de prestación del servicio, conforme al artículo 2536 del Código Civil.
- Se prohíbe el reconocimiento de solicitudes presentadas fuera de dicho plazo, salvo las subsanaciones oportunamente presentadas.
- El reporte de información no implica automáticamente la obligación de reconocimiento por parte de la ADRES, ya que este depende de la validación y disponibilidad de recursos.
- Se excluye del proceso a aquellas pruebas cuya toma o procesamiento haya sido realizada por entidades territoriales con laboratorios asociados, para evitar duplicidad o reconocimiento indebido.
Impacto esperado y alcance
El proyecto busca fortalecer el cumplimiento del debido proceso administrativo en el reconocimiento y pago de pruebas COVID-19, promoviendo una gestión más transparente y eficiente de los recursos públicos. Facilita la participación de las EPS y EOC en el reporte y corrección de información, lo que puede mejorar la precisión en los pagos y evitar pagos indebidos o rechazos por inconsistencias. Además, contribuye a la correcta asignación de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, alineándose con los objetivos estratégicos de control y eficiencia financiera.
Actores clave involucrados
Los principales actores involucrados en la implementación de este proyecto son la ADRES, como entidad responsable del reconocimiento y pago; las EPS y EOC, encargadas del reporte y subsanación de la información; y las IPS, que deben estar registradas en el REPS para validar la toma y procesamiento de pruebas. También participa el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la regulación sanitaria y la emergencia declarada.
Este proyecto de resolución se encuentra en etapa de publicación y entrará en vigencia a partir de su publicación oficial, estableciendo un nuevo marco regulatorio para el manejo de los pagos relacionados con las pruebas de diagnóstico de COVID-19 realizadas durante la pandemia. Se espera que esta normativa contribuya a mejorar la gestión de los recursos públicos y a garantizar la transparencia y eficiencia en los procesos administrativos relacionados con la atención en salud durante la emergencia sanitaria.
