Propósito general y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución tiene como propósito adoptar un marco técnico, ético y jurídico que regule los ejercicios de priorización y asignación de recursos escasos en salud durante situaciones excepcionales, tales como emergencias sanitarias o desastres declarados oficialmente. Su objetivo principal es establecer criterios claros y uniformes que aseguren la eficiencia, equidad, no discriminación y respeto a los derechos humanos en la distribución de recursos limitados, garantizando al mismo tiempo la autonomía profesional y la dignidad de los pacientes.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
Entre las innovaciones más relevantes, el proyecto incluye:
- Definición clara de conceptos fundamentales como asignación de recursos escasos, criterios clínicos, ejercicios de priorización, situaciones excepcionales y toma de decisiones clínicas.
- Establecimiento de principios rectores detallados que incluyen justicia distributiva, equidad, no daño, beneficio, no discriminación, inclusión, igualdad, autonomía, dignidad humana, proporcionalidad, utilidad, responsabilidad, transparencia, necesidad, incertidumbre, corresponsabilidad, razonabilidad y precaución.
- Incorporación de marcos éticos para la toma de decisiones clínicas, tales como ética de maximización de beneficios, ética del cuidado, principialismo (ética biomédica y bioética europea) y ética de la salud pública.
- Detallamiento de un marco ético específico para la atención sanitaria en situaciones excepcionales, que enfatiza el equilibrio entre el bienestar individual y colectivo, previene la discriminación y promueve la participación activa de personas con discapacidad.
- Inclusión de enfoques transversales para garantizar derechos y no discriminación, como el enfoque de derechos humanos, enfoque diferencial, de igualdad y determinantes sociales en salud.
- Regulación de la activación y desactivación de los ejercicios de priorización, vinculando esta función con la declaración oficial de emergencias y el sistema de emergencias médicas, así como la conformación de unidades de expertos en bioética y clínica para apoyar decisiones.
- Procedimientos para la educación, comunicación e información a la comunidad y al talento humano en salud sobre los ejercicios de priorización y asignación de recursos escasos.
Medidas específicas para la implementación y atención clínica
El proyecto establece que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las Entidades Responsables del Pago de los Servicios de Salud deben:
- Realizar atenciones basadas en criterios clínicos objetivos y éticos, evitando riesgos injustificados y respetando la autonomía profesional.
- Garantizar igualdad de oportunidad en la evaluación y priorización clínica, eliminando prejuicios o sesgos implícitos que puedan derivar en discriminación.
- Priorizar a quienes se benefician clínicamente del tratamiento, asegurando apoyo y alivio a quienes no puedan recibir terapia específica.
- Implementar la toma de decisiones en equipo y activar comités de ética clínica o bioética para casos de desempate o complejidad en la priorización.
- Establecer vías de comunicación transparentes y empáticas con pacientes y familiares, informando sobre limitaciones de acceso y posibles restricciones en derechos individuales durante situaciones de escasez.
- Desarrollar mecanismos de veeduría y seguimiento a los procesos de priorización, con participación de comités de ética y representantes de la sociedad civil.
- Asegurar la referencia y contrarreferencia de pacientes conforme a la normativa vigente, incluso en escenarios de escasez.
Impacto esperado y alcance potencial
El proyecto busca promover un sistema de salud más justo y transparente en contextos de emergencia, fortaleciendo el respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales, especialmente para grupos vulnerables como personas con discapacidad y adultos mayores. Al establecer criterios clínicos multidimensionales y evitar discriminaciones arbitrarias, se espera mejorar la confianza en las decisiones médicas durante crisis sanitarias y contribuir a la cohesión social.
La obligatoriedad de cumplimiento para secretarías de salud territoriales, IPS y entidades pagadoras implica un alcance nacional que impactará a todos los niveles del sistema de salud en Colombia. Además, la incorporación de procesos educativos y de comunicación facilitará la comprensión y aceptación social de los mecanismos adoptados.
Participación de actores clave
El proyecto fue elaborado con la participación de expertos académicos e institucionales, así como actores nacionales relevantes, en un proceso de deliberación virtual que incluyó cinco sesiones durante 2024. También contempla la colaboración de organismos consultivos como la Academia Nacional de Medicina y el Consejo Nacional de Bioética para fortalecer su contenido técnico y ético.
Asimismo, el Sistema de Emergencias Médicas y las secretarías de salud territoriales tendrán un rol activo en la implementación, seguimiento y reporte de los ejercicios de priorización y asignación de recursos escasos. La Superintendencia Nacional de Salud y las direcciones territoriales de salud serán responsables de la vigilancia y control del cumplimiento del marco adoptado.
En conclusión, este proyecto de resolución representa un avance significativo para el sistema de salud colombiano, al proporcionar un marco integral que orienta la asignación justa y transparente de recursos limitados en situaciones excepcionales, garantizando la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos los pacientes. Su adopción y aplicación contribuirán a fortalecer la respuesta sanitaria en emergencias, promoviendo la confianza pública y la equidad en el acceso a la atención médica.
