Contexto y marco normativo del proyecto
El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, buscaría modificar el Decreto 1067 de 2015, incorporando disposiciones para fortalecer la protección del patrimonio cultural, geológico y paleontológico de Colombia. Esta iniciativa estaría enmarcada en los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, como la Convención de la UNESCO de 1970 y el Convenio UNIDROIT de 1995, así como en decisiones de la Comunidad Andina relacionadas con la protección y recuperación de bienes culturales.
El proyecto reconoce la obligación constitucional del Estado colombiano de proteger el patrimonio cultural, establecida en los artículos 8, 63, 72 y 95 numeral 8 de la Constitución Política. Además, se basa en leyes nacionales como la Ley General de Cultura 397 de 1997 y sus modificaciones, que regulan el régimen especial de protección para bienes de interés cultural, y la Ley 1185 de 2008, que extiende estos instrumentos al patrimonio paleontológico.
Propósito principal y sectores afectados
El objetivo principal de este proyecto sería crear un Comité Interinstitucional encargado de coordinar esfuerzos para prevenir el tráfico ilícito y promover la repatriación de bienes muebles de interés cultural, geológicos y paleontológicos que se encuentren fuera del territorio nacional de manera irregular. Los sectores involucrados incluirían entidades gubernamentales relacionadas con la cultura, el patrimonio arqueológico, histórico, geológico y paleontológico, así como organismos encargados de la seguridad y la cooperación internacional.
Medidas y modificaciones propuestas
El proyecto adicionaría el artículo 1.1.2.9 en el Título 2, Parte 1 del Libro 1 y crearía el Título 9 en la parte 2 del libro 2 del Decreto 1067 de 2015, estableciendo la estructura, funciones y composición del nuevo Comité Interinstitucional.
Entre las medidas específicas, el Comité tendría la facultad de expedir su reglamento interno, definir y ejecutar acciones para implementar la Convención UNESCO de 1970, diseñar mecanismos para contrarrestar el tráfico ilícito, fortalecer alianzas internacionales y establecer planes de acción y capacitación para los funcionarios involucrados. También gestionaría campañas de concientización y avalaría informes y respuestas a solicitudes internacionales relacionadas con la materia.
Conformación y funciones del Comité
El Comité estaría conformado por los directores o delegados de las siguientes entidades:
- Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (presidencia)
- Ministerio de Relaciones Exteriores (secretaría técnica)
- Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
- Archivo General de la Nación (AGN)
- Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Además, se incluirían invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto, provenientes de entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Armada Nacional, Interpol, Policía Nacional, Aeronáutica Civil y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Comité se reuniría de forma semestral y extraordinaria cuando fuera convocado, y su secretaría técnica estaría a cargo del director o directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las decisiones se adoptarían por mayoría simple, requiriendo la participación de al menos tres miembros.
Ámbito de aplicación y obligaciones
El proyecto indicaría que las disposiciones serían de obligatorio cumplimiento para el Sector de Relaciones Exteriores y demás entidades del Estado que participen en el Comité. También establecería los puntos de contacto nacionales para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito, asignándolos al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, al Servicio Geológico Colombiano y al Ministerio de Relaciones Exteriores para aspectos internacionales.
Participación ciudadana y acceso al proyecto
Al tratarse de un proyecto de decreto, se esperaría que la ciudadanía y los actores interesados pudieran acceder al texto completo a través de los medios oficiales del Gobierno, y participar en un eventual periodo de comentarios o consultas públicas. Esta etapa permitiría aportar observaciones y fortalecer el contenido normativo antes de su eventual promulgación.
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Este proyecto de decreto buscaría consolidar un mecanismo institucionalizado que permitiera mejorar la coordinación interinstitucional para proteger el patrimonio cultural, geológico y paleontológico de Colombia, especialmente en lo relacionado con bienes que se encuentren fuera del país de manera irregular. De aprobarse, representaría un avance significativo en la lucha contra el tráfico ilícito y en la recuperación de bienes que forman parte esencial de la identidad y memoria histórica nacional.