Propósito y ámbito de aplicación

El proyecto de resolución tiene como propósito general establecer el régimen y la metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que atienden municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas. Asimismo, incluye a quienes presten actividades complementarias como disposición final, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos, o que operen sistemas de tratamiento con un volumen mensual superior a 300 toneladas. Esta regulación se enmarca en el ejercicio de las facultades legales conferidas por diversas leyes y decretos nacionales, en particular la Ley 142 de 1994 y sus modificaciones, así como en los principios constitucionales relacionados con la igualdad, el derecho al saneamiento ambiental, la función administrativa y la libertad empresarial.

Objetivos y beneficios principales

El objetivo principal del proyecto es actualizar y adaptar la metodología tarifaria a los nuevos desafíos sociales, ambientales y económicos del país, promoviendo la universalidad y la equidad en la prestación del servicio público de aseo. Entre los beneficios destacados se encuentran:

• Garantizar tarifas asequibles y justas, con criterios diferenciales para recicladores de oficio y organizaciones comunitarias.
• Fomentar la innovación tecnológica y la gestión del conocimiento para mejorar la eficiencia del servicio.
• Incorporar principios de sostenibilidad y economía circular, alineándose con metas nacionales de reducción de emisiones de gases efecto invernadero y la Ley 2169 de 2021.
• Fortalecer la productividad y cerrar brechas en la cobertura y calidad del servicio.

Nuevas disposiciones y procesos tarifarios

El proyecto introduce un régimen de regulación tarifaria basado en la libertad regulada, con técnicas regulatorias de precio techo para actividades como barrido, limpieza urbana, recolección y aprovechamiento, y metodología mixta para disposición final y tratamiento. Destacan las siguientes novedades:

• Segmentación de personas prestadoras en Grandes Empresas de Aseo (GEA) y personas distintas a estas (DGEA), con actualización periódica de los anexos que contienen esta información.
• Determinación de áreas de prestación del servicio (APS) que deben ser definidas y reportadas a las autoridades territoriales y consignadas en los contratos con los suscriptores.
• Incorporación de costos detallados para actividades como barrido y limpieza de vías y áreas públicas, poda de árboles, corte de césped, lavado de áreas públicas y limpieza de playas costeras o ribereñas.
• Establecimiento de fórmulas tarifarias para la recolección y transporte de residuos sólidos, diferenciando rutas ordinarias y selectivas, con ajustes por antigüedad de vehículos y condiciones operativas.
• Regulación específica para la actividad de aprovechamiento, con incentivos para la separación en la fuente, límites de participación en el mercado para personas distintas a las organizaciones de recicladores de oficio y provisiones para la transición tecnológica de vehículos.
• Reconocimiento tarifario para actividades complementarias como tratamiento de lixiviados y captura activa de biogás, con parámetros de eficiencia ambiental y costos actualizables.
• Implementación de indicadores de calidad y descuentos asociados, que miden aspectos como cumplimiento de parámetros ambientales, calidad del servicio, cumplimiento de rutas y horarios, y georreferenciación de suscriptores.
• Obligatoriedad de reportar información detallada y oportuna al Sistema Único de Información (SUI) para efectos de control y supervisión.

Impacto y alcance potencial

La actualización del marco tarifario busca garantizar la sostenibilidad financiera de los prestadores y promover la calidad y continuidad del servicio para los usuarios. Al incorporar criterios de justicia social, se favorece la inclusión de recicladores de oficio y se promueven alianzas público-populares en saneamiento básico. El reconocimiento de incentivos ambientales y la promoción de la economía circular contribuyen a la reducción de la huella de carbono del sector, en concordancia con los compromisos nacionales e internacionales.

Participación de actores clave y proceso de consulta

El proyecto se encuentra en fase de consulta pública, con un plazo de tres meses para recibir observaciones y propuestas de usuarios, prestadores, gremios y demás interesados. Además, se organizarán consultas públicas en distintos municipios y distritos para facilitar la participación ciudadana. La Comisión ha remitido el proyecto a la Superintendencia de Industria y Comercio para la emisión de un concepto previo sobre la incidencia en la libre competencia, así como a otras autoridades competentes para su análisis. La supervisión del cumplimiento y la aplicación de la metodología tarifaria estarán a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, garantizando la vigilancia y control del sector.

Vigencia y disposiciones finales

La fórmula tarifaria propuesta tendrá una vigencia de cinco años a partir de su publicación en el Diario Oficial. Las personas prestadoras tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para adoptar la nueva metodología y comenzar su aplicación en la facturación a suscriptores. Se establecen disposiciones específicas para el cobro tarifario, reporte de información, y obligaciones relacionadas con la separación en la fuente y calidad del servicio, reforzando el marco regulatorio para la prestación del servicio público de aseo en Colombia. --- Este proyecto de resolución representa un avance significativo en la regulación tarifaria del servicio público de aseo, con un enfoque integral que equilibra eficiencia económica, justicia social y sostenibilidad ambiental, buscando mejorar la calidad de vida de los habitantes y proteger el medio ambiente. Su implementación contribuirá a fortalecer el sector y a consolidar un modelo de prestación que responda a las necesidades actuales y futuras del país.