Propósito y alcance del proyecto de resolución

El proyecto de resolución presentado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) tiene por objeto establecer una metodología tarifaria específica para personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en zonas urbanas, así como aquellas que presten servicio en zonas rurales sin importar el número de suscriptores. Esta regulación busca sustituir el marco tarifario vigente establecido en la Resolución CRA 943 de 2021, ajustándolo a las condiciones particulares de estos prestadores, especialmente los comunitarios y rurales.

Objetivos principales y sectores afectados

El objetivo central del proyecto es garantizar la eficiencia económica, la suficiencia financiera y la calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico para pequeños prestadores y gestores comunitarios. Se busca además promover la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento básico (DASH), conforme a la Constitución y la Ley 142 de 1994, y alineado con las metas establecidas en la Ley 2294 de 2023 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este proyecto afecta principalmente a los prestadores pequeños en áreas urbanas con hasta 5.000 suscriptores y a todos los prestadores en áreas rurales, incluyendo gestores comunitarios que operan bajo esquemas diferenciales. También involucra a entidades territoriales, autoridades ambientales y usuarios de estos servicios.

Nuevas disposiciones y mecanismos tarifarios

El proyecto introduce una clasificación de los prestadores en dos segmentos principales: el primer segmento para prestadores convencionales y el segundo segmento para gestores comunitarios, cada uno con subsegmentos basados en los costos administrativos y operativos reportados. Esta segmentación permite aplicar fórmulas tarifarias diferenciadas, adecuadas a la escala y características de cada prestador. Se establece un régimen de libertad regulada para la fijación de tarifas, con fórmulas que consideran componentes como costos administrativos, operativos (generales y particulares), inversión, impuestos, tasas y costos ambientales para la protección de cuencas y fuentes hídricas. Además, se incorporan incentivos tarifarios para promover mejoras en eficiencia, continuidad del servicio, reducción de pérdidas, innovación tecnológica, buen gobierno y transparencia. También se implementa un Índice Sintético de Eficiencia (ISE) que pondera dimensiones técnicas, administrativas y financieras para evaluar el desempeño de los prestadores, aplicando reconocimientos o restricciones tarifarias de manera progresiva para fomentar la eficiencia.

Medidas específicas y actualización tarifaria

El proyecto establece criterios detallados para la definición de áreas de prestación del servicio (APS) y esquemas diferenciales en zonas rurales, de difícil gestión y difícil acceso, con planes específicos de gestión, inversión y aseguramiento para cada caso. Se prevé la elaboración y aprobación de planes de inversiones a cinco y diez años, orientados a cerrar brechas en micromedición, continuidad, calidad y cobertura. Asimismo, se reglamenta la inclusión de costos asociados a inversiones ambientales obligatorias y adicionales, gestión del riesgo y prácticas comunitarias para la conservación de fuentes hídricas, en línea con la normatividad ambiental vigente. Las actualizaciones tarifarias podrán realizarse anualmente y de manera intranual cuando se presenten variaciones significativas en índices de precios o costos operativos particulares, garantizando la transparencia y el soporte documental requerido.

Impacto esperado y relevancia estratégica

Con esta metodología tarifaria, se espera fortalecer la gestión y sostenibilidad financiera de los pequeños prestadores y gestores comunitarios, mejorar la calidad y continuidad del servicio, promover el uso eficiente del recurso hídrico, y facilitar la participación de las comunidades organizadas en la gestión del agua y saneamiento básico. El proyecto busca apoyar la cobertura universal y el cumplimiento del mínimo vital de agua potable y saneamiento para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Además, la incorporación de incentivos por innovación, eficiencia y buenas prácticas ambientales favorece la modernización y resiliencia del sector, contribuyendo a los objetivos estratégicos de desarrollo sostenible y protección ambiental.

Participación de actores clave

El proyecto contempla un proceso de participación ciudadana y consulta pública de al menos tres meses antes de su entrada en vigencia, invitando a usuarios, prestadores, gremios, entidades territoriales, autoridades de vigilancia como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio para presentar observaciones y sugerencias. Se destaca la coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las entidades territoriales para la implementación de los esquemas diferenciales y la gestión comunitaria del agua.

Vigencia y aplicación

La nueva metodología tarifaria regirá por un periodo inicial de cinco años a partir del 1º de julio de 2026, con aplicación obligatoria para los prestadores incluidos en el ámbito definido, quienes deberán iniciar la aplicación de las tarifas resultantes a más tardar el 30 de septiembre de 2026. La Comisión de Regulación garantizará la actualización permanente de la normativa para responder a las necesidades del sector. El proyecto de resolución, una vez publicado, podrá ser consultado para que los interesados presenten sus aportes dentro del plazo señalado, antes de su eventual adopción definitiva. --- Este análisis presenta de manera clara y formal las novedades del proyecto de resolución que busca modernizar la regulación tarifaria para pequeños prestadores y gestores comunitarios del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, promoviendo eficiencia, sostenibilidad y acceso universal.