Contexto y antecedentes del caso

La providencia fue proferida por la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el marco de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó la nulidad y restablecimiento del derecho respecto a varias resoluciones municipales sobre la distribución de la contribución de valorización en Rionegro. Los actores en el proceso, una sociedad comercial y una fiduciaria en calidad de administradora de un patrimonio autónomo, junto con terceros propietarios, cuestionaron la legalidad de la Resolución 939 de 2018 y otras resoluciones posteriores del Municipio de Rionegro, que resolvieron recursos de reposición interpuestos por los demandantes. Tras la negativa en primera instancia, los demandantes apelaron la decisión y solicitaron la práctica de pruebas en segunda instancia para controvertir la valoración probatoria realizada, en particular, respecto a la imparcialidad del perito designado por la parte actora.

Solicitud de pruebas en segunda instancia

El recurso de apelación incluyó una petición específica para que se admitieran pruebas documentales y de oficio, así como la realización de una audiencia para la contradicción del dictamen pericial elaborado por el perito de la parte demandante. Esta solicitud se fundamentó en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificados por la Ley 2080 de 2021. Las pruebas solicitadas comprenden:

• Documentos relacionados con la resolución que resolvió un recurso de reposición contra la contribución de valorización.
• Constancias sobre la participación procesal del perito en otros procesos contencioso-administrativos.
• Un oficio dirigido...