Providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en auto interlocutorio del 17 de octubre de 2025, decidió sobre el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), contra el auto del Tribunal Administrativo de Antioquia que había decretado la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones sancionatorias números 190-265-530-1482 (23 de octubre de 2024) y 190-201-259-00551 (11 de abril de 2025), expedidas por la DIAN.

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad de comercialización internacional demandante promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra dichas resoluciones, alegando que vulneraban el artículo 29 de la Constitución Política, referente a los principios de tipicidad y legalidad en el procedimiento administrativo sancionatorio. En la demanda se solicitó, además, la suspensión provisional de los actos administrativos para evitar perjuicios económicos significativos, argumentando que la sanción se basaba en la expedición de certificados por compras inexistentes cuando, en realidad, tales compras sí existieron a través de contratos de mandato. El Tribunal Administrativo de Antioquia, al analizar la solicitud, decretó la suspensión provisional de los actos administrativos bajo el argumento de que estos se fundamentaban en el Decreto 1165 de 2019, norma declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-441 de 2021, lo que generaría una aparente incompatibilidad jurídica.

Consideraciones jurídicas de la Sala

El Consejo de Estado recordó que la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo es una medida cautelar de naturaleza temporal y accesoria, destinada a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico sigan surtiendo efectos mientras se resuelve el fondo del asunto. Para decretarla, se requiere la demostración preliminar de una violación al ordenamiento jurídico superior y la existencia de un perjuicio irremediable o riesgo de nulidad de la sentencia futura. En el caso concreto, la Sala examinó la vigencia normativa aplicable y concluyó que si bien el Decreto 1165 de 2019 fue declarado inexequible, sus efectos fueron diferidos hasta el 20 de junio de 2023, fecha en la que entró en vigencia el Decreto Ley 920 de 2023, el cual regula el régimen sancionatorio y el decomiso en materia aduanera. Además, el artículo 154 del Decreto Ley 920 de 2023 establece que los procesos iniciados bajo la vigencia del Decreto 1165 continúan aplicando sus normas, siempre que la conducta investigada siga tipificada como infracción en la nueva regulación. Por tanto, la Sala determinó que las resoluciones administrativas sancionatorias se fundamentaron en normas vigentes y aplicables al momento de los hechos y del procedimiento. En consecuencia, no se configuró la vulneración alegada del debido proceso ni de los principios de legalidad y tipicidad contenidos en el artículo 29 constitucional.

Decisión final

En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado revocó el auto recurrido del Tribunal Administrativo de Antioquia y denegó la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos sancionatorios. La decisión fue adoptada sin que ello prejuzgue el fondo del asunto, que deberá resolverse en la sentencia definitiva del proceso. Con esta providencia, se reafirma el criterio jurisprudencial sobre la aplicación de medidas cautelares en el derecho administrativo sancionatorio y la importancia de la vigencia y validez de las normas que fundamentan los actos administrativos sancionatorios, garantizando así el respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico vigente. Esta decisión sienta un precedente relevante para futuros casos en materia aduanera y sancionatoria, consolidando la seguridad jurídica y la correcta aplicación del derecho administrativo en Colombia.