Contexto y tribunal competente

El auto fue proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su Sección Primera, en el marco de un medio de control de nulidad instaurado contra la Resolución núm. 161, expedida por la Presidencia de la República en mayo de 2025. La demandante, actuando en nombre propio, solicitó la nulidad de dicha resolución, así como la suspensión provisional de sus efectos.

Antecedentes fácticos y procesales

La resolución cuestionada establece una Zona de Ubicación Temporal y dicta otras disposiciones relacionadas con esta medida. La demandante instauró el proceso amparándose en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que regula el medio de control de nulidad. Al momento de resolver sobre la admisión de la demanda, el Despacho judicial advirtió que existía un proceso anterior, radicado en el mismo tribunal y bajo la jurisdicción de otro magistrado, que también busca la nulidad de la misma resolución presidencial. Este otro expediente fue admitido con anterioridad, lo que determina la antigüedad procesal.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

Con base en lo dispuesto en los artículos 149 y 150 del Código General del Proceso, el tribunal decidió remitir el proceso más reciente al magistrado que conoce el expediente más antiguo, con el fin de estudiar la posible acumulación de ambos procesos. El artículo 149 señala que, cuando existen varios procesos relacionados, se debe remitir el expediente al juez de superior categoría para que resuelva sobre la acumulación y continúe conociendo el caso. En ausencia de un juez superior, asumirá competencia el juez que adelanta el proceso más antiguo, determinado por la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda. Este procedimiento busca evitar decisiones contradictorias y promover la economía procesal, garantizando una mejor administración de la justicia en asuntos conexos.

Implicaciones y próximos pasos

La remisión del proceso para el estudio de acumulación implica que el magistrado encargado del expediente más antiguo analizará si conviene unir ambos procesos judiciales. En caso afirmativo, la acumulación permitirá un tratamiento integral del asunto, evitando duplicidad de trámites y posibles sentencias divergentes sobre la misma resolución presidencial. De esta forma, el Consejo de Estado cumple con los principios procesales de unidad y celeridad, procurando una adecuada administración judicial en casos de alta relevancia administrativa y pública, como lo es la regulación de zonas temporales establecidas por el Ejecutivo nacional. Este auto de trámite refleja la aplicación práctica de normas procesales para la correcta gestión de litigios administrativos, enfatizando la importancia de la coordinación entre procesos que versan sobre el mismo objeto jurídico y la función del Consejo de Estado como máximo tribunal en materia contencioso administrativa. Con esta decisión, se espera fortalecer la coherencia en la jurisprudencia y optimizar los recursos judiciales, beneficiando a las partes involucradas y al interés público en general.