Providencia judicial en segunda instancia sobre incidente de desacato

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció la apelación contra un auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que sancionó a funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por desacato a una orden judicial. La providencia judicial, de naturaleza incidental y dictada el 3 de octubre de 2025, declaró en desacato a la ministra encargada de Ambiente, al viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, y a la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, imponiéndoles multas por no haber cumplido la orden judicial contenida en la sentencia del 26 de septiembre de 2023, que les obligaba a reglamentar el artículo 19 de la Ley 2173 de 2021.

Antecedentes fácticos y procesales

La Fundación Al Verde Vivo interpuso una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que se expidiera el acto administrativo que reglamentara el mandato contenido en la Ley 2173 de 2021, orientada a promover la restauración ecológica mediante la creación de áreas de vida y bosques en todo el territorio nacional. La sentencia de primera instancia ordenó al Ministerio expedir la reglamentación en un plazo de tres meses. Posteriormente, la Fundación solicitó el inicio de un incidente de desacato ante el incumplimiento de dicha orden. El Tribunal, tras evaluar varios informes y audiencias públicas, concluyó que el incumplimiento no se justificaba por la complejidad técnica sino por omisiones atribuibles a los funcionarios de diferentes niveles jerárquicos del Ministerio, declarando el desacato y aplicando sanciones económicas.

Consideraciones y fundamentos de la decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia para conocer la apelación conforme al artículo 29 de la Ley 393 de 1997, analizó el cumplimiento efectivo de la sentencia judicial. Para declarar el desacato, se requiere verificar dos elementos: el incumplimiento objetivo de la orden judicial y la conducta subjetiva negligente del funcionario. Tras revisar los informes y documentos allegados, la Sala constató que el Ministerio expidió la Resolución 1491 de 2025, con fecha de publicación el 20 de octubre de 2025, mediante la cual se reglamentó la Ley 2173 de 2021, estableciendo criterios para la creación, delimitación y consolidación de áreas de vida y bosques en los municipios del país. Esta actuación evidenció el cumplimiento de la orden judicial, superando la etapa de incumplimiento objetivo. En consecuencia, la Sala decidió levantar la sanción impuesta por desacato a los funcionarios involucrados, considerando que la expedición de la normativa cumplió con la obligación ordenada en la sentencia de septiembre de 2023. Además, la Sala incorporó esta decisión a todos los procesos relacionados con la acción de cumplimiento y sus incidentes de desacato, asegurando coherencia procesal.

Implicaciones jurídicas y seguimiento

La decisión resalta la importancia de que las autoridades públicas cumplan de manera diligente con las órdenes judiciales, en especial cuando se trata de normativas ambientales de alto impacto social y ecológico. Asimismo, confirma que la sanción por desacato es un mecanismo excepcional que requiere demostración clara de incumplimiento injustificado y conducta negligente. El proceso de reglamentación de normas complejas debe ser transparente, participativo y ajustado a los procedimientos legales, pero también debe observar los plazos judiciales para evitar sanciones. El Consejo de Estado notificó la decisión a las partes y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el seguimiento correspondiente. Este pronunciamiento constituye un referente importante para la administración pública en materia de cumplimiento de sentencias y responsabilidades administrativas derivadas. --- Esta noticia jurídica pone de relieve el rol de la justicia administrativa en asegurar la efectividad de las decisiones judiciales, particularmente en la protección ambiental y la implementación de políticas públicas que requieren reglamentación oportuna y rigurosa, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de derecho y la garantía de derechos colectivos relacionados con el medio ambiente.