Contexto y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió un recurso de apelación contra un auto del Tribunal Administrativo de una jurisdicción regional que no aprobó una conciliación judicial en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con la sustitución pensional compartida. La decisión fue adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda y contó con ponencia del magistrado ponente asignado.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó por la impugnación de una resolución administrativa que reconocía una pensión de jubilación a favor de un causante fallecido. La parte demandante, cónyuge del causante, y una vinculada que alegaba calidad de compañera permanente, celebraron un acuerdo conciliatorio para repartir la pensión entre ambas. Dicho acuerdo establecía un reparto del 75% para la cónyuge y 25% para la presunta compañera permanente. Sin embargo, el Tribunal Administrativo no aprobó la conciliación, fundamentando su decisión en la insuficiencia probatoria sobre la convivencia estable y la dependencia económica de la vinculada con el causante. Frente a esta negativa, la parte vinculada interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado, alegando reconocimiento expreso de su calidad de compañera permanente por parte de la cónyuge y la existencia de una convivencia estable y apoyo económico significativo. La apelante argumentó además que no existían causales para la improbación del acuerdo conciliatorio.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala recordó que la conciliación judicial, regulada en la Ley 640 de 2001 y sus modificaciones, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos dentro del proceso contencioso administrativo, cuyo acuerdo debe ser aprobado por el juez, quien debe verificar que no sea lesivo para ninguna de las partes ni para el patrimonio público. En este caso, la Sala valoró las pruebas documentales, testimoniales e interrogatorios de parte practicados en la audiencia. Se constató que:

• La cónyuge del causante estaba debidamente casada y convivía en forma efectiva con el fallecido al momento de su muerte, compartiendo hogar y economía.
• La vinculada mantenía una relación sentimental con el causante, pero no se acreditó una convivencia permanente, estable y continua bajo la vocación de permanencia exigida por la jurisprudencia.
• No existía dependencia económica plena de la vinculada respecto del causante, pues ella contaba con ingresos formales como docente, y el apoyo económico recibido era esporádico.
• Las pruebas mostraron divergencias sobre el domicilio, la frecuencia de convivencia y la vigencia del vínculo conyugal que impidieron validar el acuerdo que repartía la pensión de manera compartida.

El Consejo reiteró que la calidad de compañero permanente para efectos de sustitución pensional requiere la demostración clara de dos factores esenciales: convivencia estable y dependencia económica. La ausencia de pruebas concluyentes sobre estos elementos impide la aprobación del acuerdo conciliatorio.

Decisión final

Con base en lo anterior, el Consejo de Estado confirmó el auto del Tribunal Administrativo que improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre la cónyuge y la presunta compañera permanente. La Sala señaló que una decisión definitiva sobre el reconocimiento de la sustitución pensional compartida deberá adoptarse en la sentencia de fondo, una vez se hayan recaudado y valorado todas las pruebas pertinentes. Finalmente, se ordenó devolver el expediente al tribunal de origen para la continuación del proceso conforme a derecho. --- Esta providencia reafirma el papel del juez como garante de los derechos constitucionales en la aprobación de conciliaciones judiciales, especialmente en materias de derecho pensional, donde la protección de la persona sobreviviente y el cumplimiento estricto de los requisitos legales son esenciales para garantizar la justicia y la equidad en la distribución de beneficios sociales.