Contexto y competencia de la decisión

La providencia judicial, en forma de auto, fue proferida por la Subsección Segunda - Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Bogotá, el 23 de octubre de 2025. Este tribunal de segunda instancia conoció la manifestación de impedimento presentada por magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar, quienes solicitaron apartarse del conocimiento de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso judicial tiene como origen una demanda interpuesta contra la Fiscalía General de la Nación, en la que se busca la anulación de actos administrativos que negaron el reconocimiento pleno de la bonificación judicial como factor salarial, estipulada en el Decreto 382 de 2013. La controversia gira en torno a la aplicación y reconocimiento de esta bonificación para ciertos funcionarios. Ante la presentación de la demanda, los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar manifestaron impedimento para conocer el caso, argumentando que aunque no perciben la bonificación en cuestión, poseen un interés indirecto debido a la similitud entre la bonificación judicial discutida y otras prestaciones contempladas en la Ley 4 de 1992 para funcionarios judiciales. Esta situación, alegaron, podría afectar su objetividad e imparcialidad.

Análisis jurídico y fundamentos de la providencia

El Consejo de Estado revisó la manifestación de impedimento con base en las causales establecidas en el artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el artículo 141 del Código General del Proceso (CGP), que regulan los impedimentos y recusaciones para garantizar la imparcialidad y transparencia en la administración de justicia. Se destacó que estas normas buscan preservar la integridad moral del juez y evitar cualquier situación que comprometa su independencia, ya sea por intereses directos o indirectos, propios o de sus familiares hasta cierto grado de parentesco. No obstante, la Subsección concluyó que el interés invocado por los magistrados es genérico y no refleja una situación particular, cierta y actual relacionada directamente con el litigio. El análisis determinó que la mera similitud entre prestaciones no configura un interés que afecte la imparcialidad en el caso concreto. Además, se resaltó que, en pronunciamientos recientes, esta Sala ha rectificado posiciones anteriores que aceptaban impedimentos en casos similares, estableciendo un criterio más riguroso sobre la existencia de un interés real y actual.

Decisión y consecuencias procesales

Por lo anterior, el auto declara infundado el impedimento planteado y ordena devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar para que continúe con el trámite del proceso judicial. Asimismo, se instruyó realizar las anotaciones correspondientes en la plataforma electrónica del Consejo de Estado. Esta resolución reafirma la importancia de los principios de imparcialidad y transparencia en la justicia administrativa, a la vez que establece límites claros para la procedencia de impedimentos, contribuyendo a la seguridad jurídica en la tramitación de procesos relacionados con derechos laborales y prestaciones para funcionarios públicos. Esta providencia evidencia el rigor con que el Consejo de Estado evalúa los impedimentos, asegurando que la justicia se administre sin dilaciones indebidas, siempre garantizando la neutralidad de sus funcionarios y la correcta aplicación del derecho.