Propósito general y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución tiene como propósito fundamental modificar y derogar disposiciones vigentes en el Decreto 1079 de 2015 relacionadas con la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial en Colombia. El objetivo principal es optimizar la regulación de esta modalidad de transporte para garantizar una prestación eficiente, segura y sostenible, atendiendo los retos actuales del sector y promoviendo un equilibrio entre las empresas operadoras y los propietarios de vehículos vinculados.
Esta iniciativa busca consolidar un marco normativo actualizado que responda a las transformaciones estructurales necesarias en las relaciones económicas, la capacidad operativa y la gestión contractual dentro del sector transporte.
Innovaciones y cambios relevantes introducidos
El proyecto introduce modificaciones significativas en varios aspectos del régimen regulatorio del transporte especial, entre las cuales destacan:
- Redefinición del plan de rodamiento: Se amplía la definición para incluir la programación racional y equitativa de todos los vehículos con tarjeta de operación vigente, incorporando los vehículos adicionales para solicitudes de capacidad transportadora.
- Contratos de transporte y vinculación: Se actualizan las condiciones y procedimientos para contratos con grupos específicos de usuarios, con prohibiciones claras para ciertos usos, y se reglamentan los contratos de vinculación de flota, detallando obligaciones, derechos, terminación unilateral y registro en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
- Pago proporcional de primas de seguros: Se establece que el pago de primas debe ser proporcional a la clase de vehículo y se separan los seguros de responsabilidad civil de los seguros patrimoniales de la empresa.
- Capacidad transportadora: Se regula la acreditación mínima de propiedad o leasing del 10% de la flota para las empresas, y se establecen condiciones para la fijación, incremento, y ajuste automático de la capacidad transportadora.
- Facilitación del cambio de empresa y modalidad: Se permite el traslado de vehículos entre empresas con capacidad disponible y el cambio de modalidad a Pasajeros por Carretera o Mixto, sin límite de edad, siempre que cumplan con la homologación requerida.
- Obligaciones de las empresas: Se detallan responsabilidades en administración, mantenimiento, planificación, control de calidad, seguridad vial, revisión técnico-mecánica, atención a usuarios, control de infracciones y monitoreo tecnológico.
- Servicio escolar y turístico: Se establecen mecanismos para garantizar la prestación del servicio de transporte escolar en municipios sin oferta, así como disposiciones para la prestación del transporte turístico en vehículos motorizados eléctricos homologados.
Medidas específicas y regulaciones propuestas
Entre las medidas concretas que propone el proyecto se incluyen:
- Establecimiento de plazos claros para la vinculación de vehículos tras la asignación o incremento de capacidad transportadora.
- Registro obligatorio de contratos y pólizas de seguros en el RUNT para mayor transparencia.
- Implementación de sistemas de gestión de calidad y seguridad vial con plazos definidos para su certificación.
- Requerimientos financieros mínimos para la habilitación y operación de empresas, incluyendo capital pagado y patrimonio líquido.
- Procedimientos para terminación unilateral de contratos de vinculación con causales específicas para ambas partes.
- Monitoreo y control por parte de las autoridades competentes, incluyendo la Superintendencia de Transporte y las entidades territoriales.
- Programas de control de consumo de alcohol y detección de fatiga para conductores, así como mecanismos tecnológicos para la gestión de flota.
Impacto y alcance potencial
El proyecto busca fortalecer la regulación para garantizar un servicio público de transporte terrestre automotor especial más eficiente, seguro y equitativo, favoreciendo tanto a las empresas como a los propietarios de vehículos. Se espera que estas modificaciones promuevan la sostenibilidad financiera de las operaciones, mejoren la calidad del servicio y contribuyan a la seguridad vial.
Asimismo, la actualización normativa pretende facilitar la reactivación económica del sector, especialmente tras los efectos de la pandemia, y mejorar la transparencia y control en la gestión de flotas y contratos.
Participación de actores clave
El proyecto fue elaborado con la participación activa del Ministerio de Transporte en conjunto con la Superintendencia de Transporte y los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Trabajo, Minas y Energía, y del Interior. Además, se realizaron mesas de trabajo con representantes gremiales y actores del sector transporte durante los meses previos a su formulación.
Asimismo, se abrió un periodo de consulta pública en la página web del Ministerio para recibir comentarios y propuestas de la ciudadanía y grupos de interés, las cuales fueron consideradas en la versión final del proyecto.
En conclusión, el proyecto de resolución representa un esfuerzo institucional para modernizar el marco regulatorio del transporte especial en Colombia, buscando una prestación del servicio más eficiente, transparente y ajustada a las condiciones actuales del sector y las necesidades sociales. Con su implementación, se espera que el sector transporte especial fortalezca su competitividad y contribuya al desarrollo sostenible del país.
