Tribunal y naturaleza de la providencia

El pasado 17 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió un auto que confirma la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Atlántico el 7 de noviembre de 2023. La providencia resuelve un recurso de apelación interpuesto en el marco de una acción de reparación directa contra diversas entidades públicas relacionadas con la gestión y mantenimiento del Canal del Dique.

Antecedentes fácticos y procesales

Los demandantes, actuando en nombre propio y como gestores de una sociedad dedicada a la explotación agropecuaria, solicitaron la declaración de responsabilidad administrativa, extracontractual y solidaria de varias entidades públicas por los daños ocasionados a sus fincas tras la ruptura del terraplén norte del Canal del Dique el 30 de noviembre de 2010. Dicho incidente provocó inundaciones en varios municipios de los departamentos del Atlántico y Bolívar, afectando de manera significativa la infraestructura, las cosechas y las actividades económicas de los propietarios. En su demanda, los actores sostuvieron que la causa del daño fue la omisión en el mantenimiento y reparaciones necesarias del canal, pese a que las autoridades tenían conocimiento de los riesgos y advertencias previas, incluida una sentencia de acción popular que reconocía la vulneración de derechos colectivos en materia de prevención de desastres previsibles. Las entidades demandadas respondieron señalando que el rompimiento fue resultado de un fenómeno natural extraordinario, específicamente el incremento inusual de las precipitaciones derivado del fenómeno de La Niña, que superó los niveles históricos y fue declarado emergencia nacional. Además, diversas entidades cuestionaron su legitimación pasiva, argumentaron la falta de pruebas sobre la omisión imputada y presentaron excepciones de fuerza mayor y caducidad de la acción. El Tribunal Administrativo de Atlántico, en primera instancia, negó las pretensiones de la demanda tras concluir que el daño fue consecuencia de un hecho de la naturaleza imprevisible e irresistible, apoyándose en los informes técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y en análisis de expertos sobre la falla estructural del terraplén.

Consideraciones de la providencia

El Consejo de Estado, en su revisión, confirmó la sentencia de primera instancia. La Sala resaltó que la parte demandante no logró demostrar con pruebas técnicas la existencia de fallas en la construcción o mantenimiento del Canal del Dique que hubieran provocado la ruptura. Por el contrario, la evidencia técnica aportada, incluyendo un estudio elaborado por ingenieros de la Universidad Nacional, indicó que la falla estructural estuvo relacionada con la presencia de una tubería no prevista en el terraplén que generó un punto vulnerable, pero que el evento desencadenante fue la ola invernal más intensa registrada en Colombia en las últimas décadas. El informe del Ideam corroboró que la temporada de lluvias entre 2010 y 2011 fue excepcionalmente intensa, con incrementos de precipitación que superaron el 500% respecto a valores históricos, lo que motivó la declaración de emergencia económica, social y ecológica por parte del Gobierno nacional. La Sala reafirmó que, bajo el título de imputación de falla del servicio, es necesario probar que la administración omitió las reparaciones necesarias o incumplió el deber de cuidado, lo cual no se evidenció en este caso. Asimismo, descartó la aplicación del artículo 2350 del Código Civil para atribuir responsabilidad por la obra pública, dado que no se acreditó falta de diligencia o negligencia estatal. Finalmente, el Consejo de Estado rechazó las alegaciones de nulidad por impedimento y las críticas sobre la independencia del tribunal de primera instancia, señalando que las causales de recusación son taxativas y que cada proceso debe ser valorado de manera autónoma según sus propias pruebas.

Decisión y consecuencias procesales

El Consejo de Estado confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante en la segunda instancia. La liquidación de las costas será realizada por el tribunal de origen. Con esta decisión, se mantiene la interpretación jurisprudencial sobre la responsabilidad estatal frente a daños ocasionados por fenómenos naturales extraordinarios y la importancia de contar con pruebas técnicas rigurosas para acreditar la existencia de fallas en la gestión pública. Esta providencia ratifica la necesidad de distinguir entre eventos inevitables de la naturaleza y omisiones administrativas para la procedencia de acciones de reparación directa, aportando claridad en materia de responsabilidad estatal en contextos de gestión del riesgo de desastres. De esta manera, se fortalece el marco jurídico que regula la responsabilidad del Estado frente a riesgos naturales, incentivando una gestión pública diligente sin desconocer los límites impuestos por la naturaleza y la imprevisibilidad de ciertos fenómenos climáticos extremos.