Competencia y contexto procesal
La providencia fue proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en única instancia, en el marco de un proceso de nulidad electoral. La demanda fue presentada oportunamente contra el acto de elección del magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033, publicado en la gaceta del Congreso.
Los demandantes solicitaron la nulidad y la suspensión provisional del acto, argumentando principalmente la presunta violación del artículo 126 de la Constitución Política, que prohíbe el clientelismo en el servicio público, y el artículo 13 constitucional, relativo al principio de igualdad y paridad de género.
Antecedentes y fundamentos de la demanda
Los demandantes sostuvieron que el magistrado electo, durante su gestión como Defensor del Pueblo, habría nombrado o contratado a familiares directos de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos magistrados participaron posteriormente en la integración de la terna sometida a consideración del Senado para elegir al magistrado de la Corte Constitucional, lo que, a juicio de los demandantes, vulneraría la prohibición constitucional contra el intercambio recíproco de favores y afectaría la validez del acto electoral.
Además, argumentaron que la elección implicó un retroceso en la participación femenina en la Corte Constitucional, violando el principio de paridad de género consagrado en el artículo 13 de la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Colombia, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Actuaciones procesales y posicionamientos
El Consejo de Estado ofició al Senado para obtener copia del acto de elección y corrió traslado a las partes para alegatos sobre la solicitud de suspensión provisional. El apoderado del demandado solicitó negar la medida cautelar, aduciendo insuficiencia probatoria y argumentando que los cargos se dirigían contra actos preparatorios y no contra el acto electoral en sí. Asimismo, negó la existencia de clientelismo y sostuvo que la terna cumplió con las disposiciones legales sobre inclusión de mujeres.
La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado también recomendó negar la suspensión provisional, señalando que no existían pruebas contundentes de violación al ordenamiento jurídico en esta etapa procesal y recordando la necesidad de resolver en sentencia las interpretaciones jurídicas divergentes sobre el artículo 126 constitucional.
Consideraciones del Consejo de Estado
El tribunal admitió la demanda por cumplir con los requisitos formales y materiales establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), incluyendo la presentación dentro del término legal y la adecuada individualización del acto demandado.
Respecto a la solicitud de suspensión provisional, el Consejo de Estado recordó que esta medida cautelar procede cuando existe una violación aparente a normas superiores y que su adopción busca proteger el objeto del proceso y la efectividad de la futura sentencia, sin prejuzgar el fondo del asunto.
Tras analizar las pruebas allegadas, el tribunal concluyó que no era posible determinar en esta etapa que el nombramiento de familiares en la Defensoría del Pueblo configurara la violación del artículo 126 constitucional. Asimismo, consideró que no se acreditó de manera suficiente que la participación de los magistrados en la terna hubiese comprometido la validez del acto electoral conforme al Acuerdo 2175 de 2023.
En cuanto a la alegada vulneración del principio de paridad de género, el tribunal advirtió la falta de pruebas documentales que demostraran un retroceso en la participación femenina en la Corte Constitucional. Por lo tanto, este aspecto deberá ser analizado en la sentencia de fondo.
Decisión final
En consecuencia, el Consejo de Estado resolvió:
- Admitir la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033.
- Negar la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado.
- Reconocer personería al apoderado judicial del demandado.
- Ordenar las notificaciones pertinentes a las partes involucradas y al Ministerio Público.
- Solicitar al Senado y a la Corte Suprema de Justicia la entrega de todos los antecedentes administrativos relacionados con el acto objeto de la demanda.
Esta providencia evidencia el procedimiento riguroso que sigue la jurisdicción contencioso-administrativa para garantizar el debido proceso y la correcta interpretación de las normas constitucionales en materia electoral, sin prejuzgar el fondo ni emitir juicios anticipados sobre las alegaciones de clientelismo o paridad de género. El proceso continuará con la valoración detallada de los argumentos y pruebas presentados, a fin de emitir una sentencia definitiva que resuelva el fondo del asunto conforme a derecho.
