Naturaleza y objeto del Acuerdo

El Acuerdo 529 de 2025 es un reglamento especial de carácter interadministrativo expedido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el 29 de octubre de 2025. Su principal objeto es regular la adjudicación de tierras aptas para la explotación económica que han revertido al dominio de la Nación como resultado de procesos administrativos de extinción del derecho de dominio privado en el ámbito agrario. Con este instrumento, la ANT actualiza la normativa vigente que databa de 2009, adecuándola al actual marco legal y a los cambios institucionales, con el fin de fortalecer la política de acceso a la tierra y formalización de la propiedad rural.

Finalidad y ámbito de aplicación

El acuerdo tiene como finalidad principal garantizar la correcta adjudicación de los terrenos baldíos reservados que han revertido a la Nación, asegurando la participación prioritaria de sujetos de ordenamiento social de la propiedad definidos en el Decreto Ley 902 de 2017. Su ámbito de aplicación comprende todos los predios aptos para explotación económica en Colombia que hayan sido revertidos mediante declaratorias administrativas de extinción del derecho de dominio agrario. Se dirige tanto a personas naturales como a personas jurídicas con vocación agraria, incluyendo asociaciones campesinas y organizaciones cooperativas del sector solidario.

Principales disposiciones y criterios de adjudicación

El reglamento establece un procedimiento único para la selección y adjudicación de beneficiarios, que prioriza en primer lugar a los ocupantes actuales de los predios revertidos, incluyendo víctimas de despojo reconocidas legalmente y quienes continúan explotando la tierra. En segundo lugar, se priorizan campesinos y víctimas de desplazamiento de la región interesadas en retornar o reubicarse en los predios. La adjudicación puede realizarse a personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos legales vigentes, reforzando así la inclusión y el reconocimiento de formas asociativas campesinas y solidarias. Para el proceso administrativo, el Acuerdo asigna competencias específicas a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión y a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, garantizando un manejo técnico y especializado de los procedimientos.

Impacto potencial y relevancia para la comunidad y las entidades

Este reglamento impacta directamente en la democratización del acceso a la tierra, promoviendo la formalización y el desarrollo rural sostenible. Al actualizar el marco normativo, se fortalece la seguridad jurídica de los adjudicatarios y se facilita el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales en materia de reforma agraria y protección del campesinado. También contribuye a la implementación efectiva de la Reforma Rural Integral y los mandatos del Acuerdo Final de Paz, al reconocer explícitamente a las personas jurídicas asociativas y al campesinado como sujetos prioritarios.

Sustento legal y mecanismos de seguimiento

El Acuerdo se fundamenta en el artículo 56 de la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 2363 de 2015 que creó la ANT, y el Decreto Ley 902 de 2017, entre otras normas. Además, se alinea con el Acto Legislativo 001 de 2023 que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. Los aspectos procedimentales se ajustan al procedimiento único establecido en la normativa vigente, con mecanismos claros para la selección y adjudicación que permiten seguimiento y evaluación técnica por parte de la ANT.

Conclusión normativa

Con la expedición del Acuerdo 529 de 2025, la Agencia Nacional de Tierras consolida un marco regulatorio actualizado y especializado para la adjudicación de tierras revertidas a la Nación, adaptado a las realidades sociales y legales actuales. Este instrumento representa un paso significativo para asegurar el acceso justo y ordenado a la tierra, elemento clave para el desarrollo rural integral y la garantía de derechos para las comunidades campesinas en Colombia. De esta manera, se fortalece la justicia social y la paz territorial, contribuyendo a la construcción de un país más equitativo y sostenible.