Tipo de Acuerdo y Entidades Involucradas

Este es un Acuerdo Interadministrativo suscrito por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), firmado el 29 de octubre de 2025 y publicado en el Diario Oficial No. 53.314 el 24 de noviembre de 2025. Su propósito es establecer disposiciones claras y precisas para la regularización y formalización de servidumbres sobre bienes baldíos de la Nación y bienes fiscales patrimoniales bajo la administración de la ANT.

Objeto y Finalidad del Acuerdo

El acuerdo regula los procedimientos administrativos mediante los cuales la ANT reconoce, autoriza y formaliza servidumbres derivadas de actividades declaradas de utilidad pública e interés social. La finalidad esencial es garantizar que estas servidumbres, que permiten el desarrollo de proyectos estratégicos como infraestructura pública, se establezcan con seguridad jurídica, respetando la función social de la propiedad y la normativa vigente.

Ámbito de Aplicación

El Acuerdo aplica exclusivamente a predios que ostenten la condición jurídica de baldíos de la Nación o bienes fiscales patrimoniales administrados por la ANT. No incluye negociaciones relacionadas con la tasación o pago de mejoras realizadas por particulares sobre dichos predios, las cuales deberán ser gestionadas por los solicitantes de las servidumbres con los ocupantes respectivos.

Principales Disposiciones y Procedimientos

El Acuerdo define dos procedimientos principales: la regularización y la formalización de servidumbres. La regularización se refiere al reconocimiento y autorización administrativa para imponer servidumbres sobre bienes baldíos o fiscales, mientras que la formalización corresponde al acto administrativo que ordena la inscripción registral de dichas servidumbres, incluso cuando estas hayan sido previamente reconocidas en sede judicial o cuando exista infraestructura instalada con anterioridad al 31 de agosto de 2017. Los solicitantes deben presentar documentación detallada que incluye formatos específicos, levantamientos topográficos, avalúos, certificados catastrales y registros de ocupantes, además de cumplir con requisitos legales y técnicos. El proceso contempla plazos definidos para la admisión de solicitudes, subsanación de errores, emisión de autos de inicio, análisis técnico-jurídico y resolución administrativa. Asimismo, se contemplan mecanismos para la oposición de terceros con derecho real sobre los predios, la posibilidad de desistimiento por parte del solicitante y la orden de pago por afectaciones derivadas de la servidumbre. Para casos especiales, como la formalización de servidumbres con infraestructura preexistente, se establecen modalidades específicas de compensación mediante pago o entrega de insumos topográficos.

Impacto Potencial y Relevancia

Este Acuerdo tiene un impacto significativo en la gestión de tierras baldías y bienes fiscales, promoviendo la seguridad jurídica para proyectos de utilidad pública e interés social. Al clarificar procedimientos y requisitos, se facilitan trámites administrativos que afectan la ejecución de infraestructura pública, contribuyendo al ordenamiento territorial y a la protección del patrimonio público. Además, el Acuerdo fortalece el papel de la ANT como autoridad agraria y administradora de estos bienes, alineándose con el marco legal que reconoce la función social de la propiedad y la prevalencia del interés público frente al privado. La regulación también contempla la participación informativa de ocupantes y autoridades relacionadas, garantizando transparencia en los procesos.

Sustento Legal y Mecanismos de Seguimiento

El Acuerdo se apoya en diversas disposiciones legales, entre ellas la Ley 160 de 1994, el Código Civil, el Código Fiscal, la Ley 110 de 1912, la Ley 388 de 1997, y el Decreto Ley 2363 de 2015, que regulan la propiedad de bienes baldíos, las servidumbres por utilidad pública y la función de la ANT. Asimismo, incorpora la experiencia adquirida con acuerdos previos (029 de 2017 y 161 de 2021), superando vacíos normativos y estableciendo lineamientos claros para la implementación eficaz y legalmente sólida de las servidumbres. El seguimiento y evaluación se garantizan mediante la obligación de la ANT de emitir actos administrativos debidamente fundamentados, notificar a las partes interesadas y permitir recursos administrativos cuando corresponda. El Acuerdo también prevé mecanismos para el control del cumplimiento de pagos y la ejecución de procesos judiciales cuando sea necesario.

Contexto y Marco Normativo

Este Acuerdo se inscribe en la política nacional de ordenamiento social de la propiedad rural y desarrollo rural integral, buscando conciliar el desarrollo de proyectos públicos con la protección del patrimonio baldío de la Nación. Su vigencia implica la derogatoria de acuerdos anteriores, consolidando un marco normativo actualizado y coherente con los objetivos institucionales de la ANT y la legislación vigente. En suma, el Acuerdo 530 de 2025 representa un avance normativo para la administración y gestión de servidumbres sobre bienes públicos, fortaleciendo la seguridad jurídica y facilitando el desarrollo de actividades de utilidad pública e interés social en Colombia. Con este marco, se espera que la ANT continúe promoviendo una gestión eficiente y transparente, que contribuya al desarrollo territorial sostenible y la protección del patrimonio público, garantizando así un equilibrio entre el interés social y la adecuada administración de los bienes baldíos y fiscales de la Nación.