Tribunal e instancia procesal

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, correspondiente a la instancia única en materia de control de nulidad contra actos administrativos.

Antecedentes fácticos y procesales

Una sociedad dedicada al sector médico presentó una demanda de nulidad contra el oficio 100202208-0820, fechado el 25 de agosto de 2017, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La demanda fue promovida a través de un apoderado judicial y se presentó bajo la figura del medio de control de simple nulidad. El proceso fue radicado con el número 11001-03-27-000-2025-00072-00.

Consideraciones de la providencia

El despacho judicial verificó que la demanda cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo 162 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual se decidió admitir formalmente la demanda. Entre las medidas ordenadas se destacan:

• La notificación personal a la DIAN y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante mensaje electrónico, conforme al artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 2080 de 2021.
• El traslado de la demanda a la entidad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que contesten la demanda, propongan excepciones y soliciten pruebas en un término de 30 días.
• La obligación de remitir los antecedentes administrativos que dieron origen al acto demandado durante el término para contestar la demanda, conforme al parágrafo 1° del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
• La publicación del auto admisorio en el sitio web del Consejo de Estado para informar a la comunidad sobre la existencia del proceso, en cumplimiento del artículo 171 del mismo Código.
• La certificación sobre la existencia de otras demandas contra el mismo acto administrativo y la posible acumulación de procesos.
• El reconocimiento formal del apoderado judicial de la parte demandante, en los términos del poder conferido.
• La convocatoria a diversas instituciones académicas y centros de estudio en derecho tributario para que presenten conceptos escritos sobre aspectos relevantes del caso, dada la existencia de un interés general involucrado.

Esta providencia se fundamenta en la normativa vigente que regula el control de nulidad de los actos administrativos y en el procedimiento establecido para garantizar el debido proceso y la participación de las partes e interesados en el proceso. El Consejo de Estado continúa así con el trámite de esta acción judicial que busca analizar la legalidad del acto administrativo cuestionado, asegurando la transparencia y el derecho a la defensa en el ámbito del derecho tributario y administrativo. Se espera que, una vez finalizado el proceso, se emita una decisión definitiva que contribuya a la claridad y seguridad jurídica en casos similares.