Contexto y tribunal competente
La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, máxima autoridad en jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia. Se trata de un auto que admite los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de 7 de octubre de 2025, dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Este último conoció en primera instancia de un medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, conforme a la Ley 472 de 1998.
Antecedentes fácticos y procesales
El proceso se originó a partir de una demanda presentada por un grupo de ciudadanos interesados en la defensa de derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la dignidad humana, la libre locomoción, la salud y el trabajo. Se alegó la presunta vulneración de estos derechos por parte de varias entidades públicas y privadas, entre ellas, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Departamento de Antioquia, el Municipio de Amagá, y la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S., así como otra sociedad concesionaria.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dictando sentencia el 7 de octubre de 2025. Contra esta decisión, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S., la Agencia Nacional de Infraestructura y el Departamento de Antioquia presentaron oportunamente recursos de apelación.
Consideraciones jurídicas de la providencia
El auto del Consejo de Estado aborda principalmente la admisión de los recursos de apelación conforme a las normativas aplicables. En concreto, se aplica el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, que permite la interposición de apelación contra sentencias dictadas en primera instancia, y el artículo 322 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), que regula la oportunidad y requisitos para presentar dicho recurso.
Se verificó que la sentencia fue notificada electrónicamente el 7 de octubre de 2025 y que los recursos de apelación se interpusieron dentro del término legal de tres días hábiles siguientes a la notificación, conforme también a lo establecido en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, relativo a notificaciones por medios electrónicos. Por ende, los recursos fueron admitidos formalmente.
Además, la providencia precisa el procedimiento procesal posterior:
- No habrá traslado para alegar de conclusión, dado que no se decretaron pruebas adicionales.
- Los sujetos procesales podrán pronunciarse sobre los recursos de apelación dentro del término previsto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
- El Ministerio Público podrá emitir concepto hasta antes de que el proceso ingrese al despacho para sentencia.
- Se ordena a la Secretaría General remitir el expediente al despacho para que se provea lo correspondiente en derecho, dentro del término legal.
El Consejo de Estado notificó personalmente al Ministerio Público y por estado a las demás partes procesales, garantizando así el debido proceso.
Importancia del auto
Esta providencia resulta relevante porque confirma el cumplimiento estricto de los términos y requisitos legales para la apelación en procesos de protección de derechos e intereses colectivos, marcando el inicio del trámite en segunda instancia ante el Consejo de Estado. Además, establece con claridad las reglas procesales aplicables para la continuación del proceso, conforme a la legislación vigente y respetando la naturaleza especial de las acciones populares y de grupo.
El caso ilustra el funcionamiento de la jurisdicción contencioso administrativa en la tutela de derechos colectivos y el papel del Consejo de Estado como instancia de revisión de sentencias en esta materia, reafirmando su compromiso con la protección efectiva de derechos fundamentales en Colombia.
