Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en el marco de un incidente de desacato presentado dentro de una acción de tutela. Este incidente se originó tras la presunta omisión en el cumplimiento de una tutela que amparó el derecho fundamental a la salud de una usuaria de la Nueva EPS.

Antecedentes del caso

La acción de tutela fue inicialmente resuelta favorablemente el 10 de octubre de 2024, ordenando a la Nueva EPS garantizar servicios médicos y transporte especial para la beneficiaria. Sin embargo, la parte actora presentó un incidente de desacato en enero de 2025 alegando incumplimiento. La Sección Quinta declaró en primera instancia que las gerencias regional y zonal de la Nueva EPS incurrieron en desacato y sancionó con multas a las responsables. No obstante, la Sección Tercera revocó esta decisión y ordenó reabrir el trámite del incidente con notificación personal a los responsables. Posteriormente, se realizaron múltiples requerimientos de información y notificaciones dirigidas a los funcionarios en cargos gerenciales y vicepresidenciales de la Nueva EPS, quienes inicialmente guardaron silencio. La Sala designó un conjuez y llevó a cabo varias providencias para obtener detalles sobre el cumplimiento y los responsables del fallo.

Consideraciones principales de la providencia

En el desarrollo del trámite, la parte accionante informó que la entidad cumplió parcialmente con la orden de tutela, mientras que la Nueva EPS reportó haber programado los servicios médicos y coordinado el transporte especial ordenado. La entidad destacó además que el domicilio de la beneficiaria cuenta con vías pavimentadas y rutas regulares de transporte público, lo que, según la EPS, desvirtúa la necesidad de autorizar otros medios de desplazamiento o pagos adicionales. Por otro lado, la EPS señaló que la parte actora habría obstaculizado el cumplimiento efectivo del fallo, al no hacer uso del transporte especial autorizado y solicitar sumas de dinero para transporte particular, lo cual no cuenta con justificación técnica ni jurídica. Luego de analizar estas circunstancias, la Sección Quinta determinó que la Nueva EPS no actuó con temeridad ni culposidad, sino que implementó acciones positivas para cumplir la orden judicial. Asimismo, se constató que la parte actora no colaboró plenamente en la ejecución del fallo. Por tanto, el auto de 6 de noviembre de 2025 resolvió abstenerse de imponer sanciones a los funcionarios implicados.

Reflexiones finales sobre el proceso

El auto expresa que, aunque se presentaron demoras y dificultades en la comunicación y notificación de los responsables, la situación cambió con la obtención de información y la respuesta de la entidad prestadora de salud. La providencia subraya la importancia de la cooperación de todas las partes para garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales en materia de derechos fundamentales. Este caso evidencia la complejidad de los procesos que involucran el derecho a la salud y la responsabilidad administrativa, y pone de manifiesto el papel del Consejo de Estado en la supervisión y control de la ejecución de sentencias de tutela. De esta manera, se reafirma el compromiso de las instituciones en proteger los derechos fundamentales y asegurar que las decisiones judiciales se cumplan con diligencia y transparencia.