Providencia judicial en primera instancia del Consejo de Estado

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, emitió un auto en primera instancia que resuelve una acción de tutela presentada contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de Protección Colectiva (CERREM).

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante presentó el 5 de mayo de 2025 un derecho de petición dirigido a las entidades mencionadas, solicitando informes detallados sobre las razones normativas, presupuestales, operativas y políticas por las cuales no se ha cumplido el Acuerdo de Escazú, especialmente en relación con la falta de implementación de una jurisdicción ambiental especializada. Alegó que la omisión vulneraba derechos fundamentales como el derecho de petición, debido proceso, administración de justicia, igualdad, vida, salud, integridad personal y acceso a la justicia ambiental. Además, solicitó medidas provisionales para suspender procesos ambientales en trámite hasta la creación de esta jurisdicción, así como la adopción de acciones efectivas para cumplir con el Acuerdo y la creación de una Comisión de la Verdad para el estallido social de 2021. Las entidades accionadas respondieron afirmando que el derecho de petición fue atendido oportunamente y que no existe una omisión o actuación que configure vulneración de derechos fundamentales. Algunas solicitaron desvincularse del...