Providencia judicial y tribunal competente

La decisión fue proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, en segunda instancia, mediante sentencia de primera instancia en el proceso identificado con radicado número 11001 03 15 000 2025 06076 00. La acción de tutela fue promovida contra providencias dictadas por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá y confirmadas por la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante, profesora oficial, había promovido originalmente un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, buscando el reconocimiento y liquidación de su pensión de jubilación con base en una liquidación que incluyera el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, sin condicionarla a su retiro del servicio y con compatibilidad entre la pensión y el sueldo. Tras sentencia favorable en primera instancia, confirmada en parte por el Consejo de Estado, COLPENSIONES emitió una resolución de 2024 que reliquidó la pensión y ordenó cobrar ciertos dineros argumentando un reconocimiento superior al ordenado en sentencia previa. La accionante interpuso una demanda de nulidad contra esta resolución; sin embargo, el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá rechazó la demanda considerando que se trataba de un acto administrativo de ejecución no susceptible de control judicial, criterio confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ante esta situación, la accionante interpuso acción de tutela solicitando la revocatoria de los autos que rechazaron su demanda y la continuación del trámite judicial para resolver el fondo del asunto.

Consideraciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo

La Sala recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales requiere que la cuestión debatida tenga evidente relevancia constitucional, evitando que este mecanismo se convierta en una instancia adicional para controvertir decisiones judiciales ya adoptadas por el juez natural. Con base en la jurisprudencia constitucional, se destacó que la tutela no puede emplearse para reabrir debates sobre la interpretación de normas legales o valoración probatoria que dieron origen a una controversia judicial, pues ello vulneraría principios constitucionales como el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia judicial. La Sala concluyó que en el caso concreto la accionante busca, a través de la tutela, impugnar decisiones judiciales sobre la ejecución de una sentencia que ya fueron debidamente analizadas y resueltas dentro del proceso ordinario. Por tanto, no se cumple con el requisito de relevancia constitucional que permita tramitar la acción de tutela.

Conclusión y fallo

En consecuencia, la Sala Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela. Se indicó que el mecanismo constitucional no es idóneo para discutir asuntos que deben resolverse mediante los recursos y procedimientos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. Finalmente, la providencia ordena notificar a las partes e intervinientes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme a la ley. Este fallo reafirma la importancia de respetar la competencia del juez natural y los límites del amparo constitucional, preservando la estabilidad jurídica y el debido proceso en la administración de justicia.