Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el marco de un medio de control de nulidad interpuesto contra tres resoluciones expedidas por el Ministerio del Trabajo durante el año 2020. La decisión corresponde a un auto interlocutorio que resuelve la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de dichos actos administrativos.

Antecedentes fácticos y procesales

El ciudadano demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), cuestionó la legalidad de las resoluciones 0784 de 17 de marzo, 0876 de 1 de abril y 1590 de 8 de septiembre de 2020, todas expedidas por el Ministerio del Trabajo. Estas resoluciones adoptaron medidas transitorias relacionadas con la suspensión de términos procesales en procedimientos administrativos y disciplinarios, en el contexto de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. El actor alegó que, en el momento de expedir la primera resolución, el Ministerio carecía de competencia legal para suspender términos procesales en actuaciones sancionatorias y disciplinarias, facultad que solo le fue conferida posteriormente mediante el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020. Sostuvo que este vicio de competencia afectaba la validez de la resolución inicial y, por conexidad, de las resoluciones subsiguientes. Además, argumentó que la suspensión de términos durante casi seis meses impactó negativamente el debido proceso, afectando la seguridad jurídica y la validez de múltiples actuaciones administrativas y sanciones. El Ministerio del Trabajo y las demás partes notificadas no presentaron observaciones en el trámite cautelar.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado recordó que las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo buscan proteger provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, conforme a lo establecido en el artículo 229 del CPACA. La suspensión provisional de los efectos de actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política, tiene naturaleza cautelar, temporal y accesoria, y su finalidad es evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico produzcan efectos mientras se decide sobre su legalidad. Para decretar la suspensión provisional, el juez debe verificar la existencia de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (peligro por la demora), análisis que implica una valoración inicial sin prejuzgamiento, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. En cuanto a los actos administrativos demandados, se trató de resoluciones adoptadas en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Decreto 417 de marzo de 2020, y de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud mediante la Resolución 385 de marzo de 2020. Según el inciso tercero del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, las medidas excepcionales adoptadas solo tienen vigencia mientras subsista alguna de estas situaciones de emergencia. La Sala constató que la emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2022 y que la emergencia económica, social y ecológica cesó de pleno derecho tras agotarse el plazo constitucional máximo de noventa días. En consecuencia, las medidas excepcionales fundadas en dichas declaratorias perdieron su fuerza ejecutoria al desaparecer el presupuesto habilitante que justificaba su adopción. La jurisprudencia del Consejo de Estado establece que la suspensión provisional es improcedente cuando el acto administrativo ha sido modificado o derogado, ya que esta medida cautelar solo procede mientras el acto se encuentre vigente y produzca efectos jurídicos. En este caso, al haber cesado las circunstancias que daban sustento a las resoluciones cuestionadas, estas dejaron de producir efectos y la medida cautelar solicitada perdió su objeto.

Decisión

Por lo anterior, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en Sala Unitaria, resolvió denegar la medida cautelar solicitada de suspensión provisional de los efectos de las resoluciones del Ministerio del Trabajo, dado que no se cumplen los requisitos legales para su procedencia. La decisión fue notificada y ordenó su cumplimiento conforme a lo expuesto en la providencia, concluyendo así el proceso.