Contexto y antecedentes del caso

En el marco de un proceso judicial por responsabilidad administrativa, un grupo de demandantes presentó una demanda contra un municipio y una clínica médica, solicitando que se declarara su responsabilidad por la muerte de un ciudadano, ocurrida presuntamente por la falta de señalización vial y deficiencias en la prestación del servicio médico. El Juzgado Administrativo de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones, pero dicha decisión fue parcialmente revocada por el Tribunal Administrativo en segunda instancia. Posteriormente, la clínica interpuso un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia ante el Consejo de Estado, argumentando que la sentencia del Tribunal contradecía varias decisiones, incluyendo autos y sentencias de la misma corporación y de la Corte Constitucional.

Decisión y fundamentos jurídicos

El 19 de junio de 2025, la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto, rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado. La razón principal del rechazo fue que no se invocaron como contrariadas sentencias de unificación del Consejo de Estado, condición sine qua non para que este recurso proceda, según lo establece el artículo 258 del CPACA, que señala textualmente: "Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado." En respuesta a la impugnación mediante recurso de reposición y, subsidiariamente, de súplica, el despacho confirmó que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no es procedente cuando se contrarían autos o sentencias que no tengan la calidad de sentencias de unificación, tal y como fue el caso. Se resaltó que la finalidad del recurso es garantizar la unidad de interpretación y seguridad jurídica en la aplicación del derecho, y para ello es imprescindible la existencia de una sentencia de unificación previamente emitida por el Consejo de Estado. Por tanto, la providencia enfatiza que no basta con alegar contradicción con cualquier tipo de providencia judicial, sino que debe tratarse expresamente de sentencias de unificación dictadas por la misma corporación. En este sentido, la clínica no cumplió con los requisitos formales y sustantivos para la procedencia del recurso.

Trámite procesal y efectos

El recurso de reposición fue declarado procedente en cuanto a su admisibilidad, pero se confirmó el auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, ratificando la interpretación restrictiva de la norma procesal. Adicionalmente, el expediente fue remitido al despacho que sigue en turno para que resuelva el recurso de súplica interpuesto en subsidio, conforme a lo previsto en la Ley 1437 de 2011 y su modificación por la Ley 2080 de 2021, que regulan el procedimiento administrativo y la notificación electrónica.

Implicaciones jurídicas

Esta decisión reafirma la interpretación del artículo 258 del CPACA en cuanto a los requisitos para proceder con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, insistiendo en que sólo procede en casos donde exista contradicción con sentencias de unificación del Consejo de Estado. Así, se protege la seguridad jurídica y la coherencia en la jurisprudencia administrativa.

Aspecto	Detalle
Tribunal	Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
Tipo de decisión	Auto
Normativa clave	Artículo 258 y 242 del CPACA, artículo 318 del Código General del Proceso
Motivo de rechazo	No invocar sentencias de unificación del Consejo de Estado
Acción posterior	Remisión a despacho para resolver recurso de súplica

En conclusión, la decisión del Consejo de Estado no sólo confirma la improcedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en este caso específico, sino que también establece un precedente importante para futuros procesos administrativos en materia de responsabilidad médica y municipal. De esta forma, se fortalece la coherencia y estabilidad del sistema jurídico administrativo colombiano, garantizando que los recursos extraordinarios se utilicen conforme a los requisitos y condiciones expresamente previstos por la ley.