Contexto y competencia del tribunal

La providencia corresponde a un auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su instancia de única instancia para el caso, fechado el 24 de noviembre de 2025. El proceso tiene radicación en la corporación y fue remitido por competencia desde el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, que inicialmente admitió la demanda pero se declaró incompetente para conocerla debido a la calidad de la demandada como integrante del Consejo de Estado.

Antecedentes fácticos y procesales

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios promovió una demanda de repetición contra una exfuncionaria vinculada al sector penitenciario. El Juzgado de primera instancia admitió la demanda en agosto de 2024, pero posteriormente remitió el expediente al Consejo de Estado por la naturaleza del cargo de la demandada, quien es Consejera de Estado, lo que implica competencia exclusiva de este tribunal para conocer el asunto en única instancia. En el trámite procesal, se presentó un impedimento por parte de la magistrada ponente basado en la teoría de la apariencia de imparcialidad, que fue declarado infundado, permitiendo así continuar con el proceso. Además, se detectó un error en la notificación del auto admisorio de la demanda debido a la remisión a una dirección electrónica incorrecta, motivo por el cual se ordenó realizar la notificación personal adecuada, incluyendo al delegado del Ministerio Público.

Consideraciones clave de la decisión

El Consejo de Estado asumió formalmente el conocimiento del proceso en el estado en que fue remitido por el juzgado de primera instancia. En el auto, se ordenó la notificación personal del auto admisorio de la demanda a la parte demandada, garantizando así el derecho al debido proceso y la correcta comunicación de las actuaciones judiciales. Además, se estableció la notificación personal al delegado del Ministerio Público ante la corporación, en atención a las normas procesales vigentes. Un aspecto relevante de la providencia fue la revisión de la representación legal de la demandada. Se solicitó al abogado apoderado que acreditara, en un plazo de cinco días, el cumplimiento de los requisitos legales para el otorgamiento del poder especial conforme al artículo 74 del Código General del Proceso y el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022. Estas disposiciones permiten que los poderes especiales se confieran por mensaje de datos con o sin firma digital, presumiéndose auténticos sin necesidad de presentación personal, siempre que se aporte la constancia correspondiente. No obstante, en el expediente no constaba acreditación de tal cumplimiento, por lo que el despacho requirió la presentación de los soportes pertinentes para reconocer la personería del apoderado.

Implicaciones procesales y normativas

Esta providencia reafirma la competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia los procesos en los cuales estén involucrados sus propios consejeros. Además, destaca la importancia de garantizar las notificaciones personales efectivas, especialmente en procesos de alta relevancia como las demandas de repetición promovidas por entidades estatales. Por último, el auto pone de relieve la normativa vigente sobre el otorgamiento y acreditación de poderes especiales en materia judicial, adaptándose a las facilidades tecnológicas y requisitos legales modernos, pero sin perder rigurosidad en la verificación documental. La decisión asegura el correcto desarrollo del proceso, garantizando los derechos procesales de las partes y el cumplimiento estricto de las normas aplicables, fortaleciendo así la transparencia y la confianza en la administración de justicia.