Contexto y tribunal competente

La providencia analizada fue emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en su calidad de máxima instancia para resolver recursos extraordinarios de unificación de jurisprudencia. Esta decisión se dio en el marco de la revisión de un recurso interpuesto contra una sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó en una demanda presentada en 2019, en la que un grupo de ciudadanos demandó a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General por responsabilidad extracontractual, alegando una privación injusta de la libertad durante un procedimiento policial relacionado con la aprehensión de un sujeto portador de un arma de fuego. En primera instancia, el Juzgado Administrativo negó las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 12 de diciembre de 2023. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 18 de marzo de 2025. Inconformes con esta decisión, los demandantes interpusieron el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia el 1° de abril de 2025, argumentando que la sentencia impugnada contradecía una anterior decisión de unificación jurisprudencial emitida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en 2013. Inicialmente, el Tribunal Administrativo rechazó el recurso por no cumplir con la cuantía exigida, pero tras una revisión, reconoció que se cumplía con este requisito y concedió el recurso para ser conocido por el Consejo de Estado.

Consideraciones jurídicas principales

El Consejo de Estado recordó que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como finalidad asegurar la unidad en la interpretación del derecho y su aplicación uniforme, además de proteger los derechos de las partes y terceros afectados por la providencia recurrida. Se verificó la competencia del Consejo de Estado para conocer el recurso, conforme a los artículos 257 y 259 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y el Acuerdo 80 de 2019. Respecto a la cuantía, se consideró que el monto estimado en perjuicios morales por los demandantes superaba los 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes, requisito necesario para la procedencia del recurso. Además, se confirmó la legitimación para interponer el recurso, dado que los demandantes habían apelado la sentencia de primera instancia y presentaron el recurso dentro del término legal de diez días posteriores a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. Finalmente, se constató que el recurso cumplía con los requisitos formales exigidos, incluyendo la identificación de las partes, la providencia impugnada, la relación de hechos y la indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se consideraba contrariada.

Decisión

En virtud de lo anterior, la Magistrada Ponente, en nombre del Consejo de Estado, decidió admitir el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la sentencia de 18 de marzo de 2025 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Se ordenó correr traslado a la entidad demandada y al Ministerio Público para que se pronuncien en un plazo de quince días, y se comunicó esta decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta admisión permitirá que el Consejo de Estado evalúe el fondo del recurso con el propósito de unificar la interpretación jurídica aplicable al caso, garantizando así la coherencia y estabilidad en la jurisprudencia administrativa del país. Con esta medida, se busca fortalecer la seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a posibles decisiones contradictorias en materia de responsabilidad extracontractual por privación injusta de la libertad.