Providencia del Consejo de Estado en materia de tutela

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, emitió un auto el 5 de noviembre de 2025 en el que declaró la nulidad de una sentencia de tutela proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta decisión se adoptó en segunda instancia, en el proceso de impugnación de la sentencia que negó una demanda de tutela presentada contra un juzgado administrativo de Bogotá.

Antecedentes del caso

El proceso se originó por la solicitud de tutela presentada por un ciudadano que reclamaba la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Esta acción buscaba la revocatoria del auto mediante el cual el juzgado negó la solicitud de inaplicación de una sanción por desacato relacionada con el cumplimiento de un fallo de tutela previo. Dicha orden judicial había dispuesto a la Dirección de Sanidad Militar realizar un examen médico laboral a favor de un beneficiario, con el fin de determinar la situación laboral y la clasificación del origen de su enfermedad. El accionante alegó que el juzgado cometió errores fácticos y sustantivos, incluyendo el desconocimiento de precedentes constitucionales y la falta de motivación adecuada para denegar la inaplicación de la sanción por desacato. Además, cuestionó la interpretación de las normas constitucionales y legales aplicables al caso.

Consideraciones jurídicas principales

El Consejo de Estado señaló que el juzgado de primera instancia no integró correctamente el contradictorio, al omitir vincular a una persona con interés directo en el resultado del proceso, a pesar de que la sanción por desacato fue impuesta para garantizar el cumplimiento de una orden de tutela en su favor. Esta omisión vulneró el derecho fundamental al debido proceso, pues impidió que dicha persona pudiera ejercer su derecho de defensa. La Sala recordó que la Corte Constitucional ha establecido la obligación del juez de tutela de vincular y notificar a todas las partes y terceros con interés en el proceso, para garantizar el principio de contradicción. La falta de integración del contradictorio constituye causal de nulidad, según lo previsto en normas como el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 y el Código General del Proceso. Por otro lado, se observó que el despacho de primera instancia no solicitó al juzgado administrativo la aportación completa del expediente relacionado, lo cual era indispensable para contar con medios probatorios suficientes y emitir una decisión fundada sobre la inaplicación de la sanción por desacato.

Decisión y órdenes del Consejo de Estado

En consecuencia, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la sentencia de tutela y de las actuaciones posteriores. Ordenó devolver el expediente a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se integre debidamente el contradictorio, vinculando a todas las partes interesadas, y se profiera un nuevo fallo conforme a derecho. Esta providencia resalta la importancia de garantizar el debido proceso en las acciones de tutela, especialmente en la adecuada integración del contradictorio, como requisito esencial para la validez de las decisiones judiciales. Así, se reafirma el compromiso de los tribunales administrativos con la protección efectiva de los derechos fundamentales y la observancia estricta de las garantías procesales.