Contexto del proceso y providencia impugnada

La providencia objeto de análisis corresponde a un auto dictado el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección C, en el marco de un proceso de reparación directa. En dicho proceso, un ciudadano demandó al Distrito Capital de Bogotá y varias entidades distritales, entre ellas la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, por supuestos daños ocasionados a su propiedad debido a inconsistencias en la identificación y división catastral de un predio afectado por un proyecto vial de utilidad pública. El Tribunal negó las solicitudes probatorias presentadas por la parte demandante, las cuales incluían: i) pruebas por informe dirigidas a múltiples entidades públicas para obtener informes técnicos, ii) inspección judicial del inmueble con asistencia de peritos especializados, y iii) prueba trasladada consistente en la incorporación de actuaciones y dictámenes de otros procesos judiciales. Además, negó la prueba testimonial solicitada por la entidad demandada.

Fundamentos de la decisión

El Tribunal basó su decisión en el incumplimiento de requisitos procesales esenciales para el decreto de las pruebas solicitadas. En primer lugar, respecto a las pruebas por informe, indicó que el demandante no acreditó haber ejercido previamente el derecho de petición para obtener por sí mismo los documentos requeridos, conforme a lo establecido en los artículos 275, 78.10, 173 y 43 del Código General del Proceso (CGP). Esta omisión justificó la negativa de ordenar la práctica de estos informes por parte del juzgador. En cuanto a la inspección judicial, el Tribunal sostuvo que, conforme al artículo 263 del CGP, no resulta procedente su decreto cuando los hechos pueden ser probados mediante otros medios de prueba. Se destacó que en el expediente ya constaban documentos catastrales y avalúos que aportaban información suficiente sobre el inmueble en cuestión. Respecto a la prueba trasladada, la solicitud fue considerada carente de sustentación, pues no se justificó la pertinencia ni utilidad de incorporar pruebas originadas en otros procesos para el litigio actual, de conformidad con las exigencias procesales. Finalmente, la prueba testimonial solicitada por la entidad demandada fue negada por no especificar los hechos concretos que se pretendían probar, tal como exige el artículo 212 del CGP.

Apelaciones y pronunciamiento del Consejo de Estado

Tanto la parte demandante como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público interpusieron recursos de apelación contra el auto que negó las pruebas. La parte demandante argumentó la importancia de las pruebas para acreditar problemas en la identificación catastral y la supuesta superposición de terrenos, mientras que la entidad demandada defendió la relevancia del testimonio de su subdirectora de Registro Inmobiliario. El Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal, señalando que los recurrentes no acreditaron el cumplimiento de los requisitos procesales para obtener las pruebas y que intentaron subsanar dichas falencias en la etapa recursal, lo cual no es procedente. Asimismo, confirmó que los hechos pueden ser demostrados con los medios probatorios ya aportados al proceso. Sobre las costas, se decidió no imponerlas a las partes recurrentes, pues sus recursos fueron resueltos desfavorablemente y se entiende que existe compensación.

Conclusión de la providencia

El Consejo de Estado ratificó el auto del 21 de agosto de 2025 por el cual se negó el decreto de pruebas solicitadas en un proceso de reparación directa por afectación al derecho de propiedad derivada de errores catastrales en Bogotá. La decisión se fundamenta en la aplicación rigurosa de los requisitos procesales para el decreto de pruebas y en la valoración de la suficiencia de los medios probatorios existentes en el expediente, garantizando así el debido proceso y la correcta administración de justicia. Con esta decisión, se reafirma la importancia de cumplir con los procedimientos legales para la solicitud de pruebas en procesos judiciales, evitando dilaciones innecesarias y promoviendo la eficiencia en la administración de justicia. Además, se protege el derecho de propiedad de los ciudadanos mediante una valoración objetiva y técnica de las evidencias aportadas.