Contexto y naturaleza de la decisión

El pasado 28 de octubre de 2025, la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió en segunda instancia una solicitud de habeas corpus presentada por una interna recluida en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá. La decisión, en forma de sentencia, confirmó la providencia anterior emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la acción constitucional.

Antecedentes fácticos y procesales

La interna se encuentra privada de la libertad desde marzo de 2022, tras ser condenada a 48 meses de prisión, multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos por igual periodo, como responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La ejecución de la pena está a cargo del Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, quien negó una solicitud de libertad inmediata por pena cumplida presentada por la misma interna. La negativa se fundamentó en que, para la fecha de la solicitud, la interna no había cumplido la totalidad de la sentencia, considerando el tiempo de reclusión y los beneficios de redención por trabajo y estudio. La Cárcel “El Buen Pastor” fue requerida para remitir la documentación necesaria para verificar el cómputo de la pena, pero no se había emitido boleta de libertad ni se había completado el trámite.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala recordó que el habeas corpus, consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y reglamentado por la Ley 1095 de 2006, es un mecanismo excepcional destinado a proteger la libertad personal frente a privaciones ilegales o arbitrarias. Su ámbito de aplicación se limita a situaciones en las que la privación de la libertad se realiza con violación de garantías constitucionales o se prolonga ilegalmente. Se enfatizó que este recurso no puede sustituir los mecanismos ordinarios previstos para discutir el fondo o los términos de la ejecución penal, que corresponden exclusivamente a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. La providencia señaló que no se acreditó ninguna irregularidad o ilegalidad en la privación de la libertad de la interna, quien cumple una condena ejecutoriada y cuya solicitud de libertad fue negada conforme a la normativa vigente. Además, se destacó la competencia específica del Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas para decidir sobre la libertad por pena cumplida, quien está facultado para evaluar los cómputos y redenciones una vez reciba la información actualizada de la autoridad penitenciaria. La Sala consideró procedente el exhorto para que la Cárcel “El Buen Pastor” remita la documentación requerida, garantizando así el debido control judicial sobre la ejecución sancionatoria. La sentencia concluyó que no existió privación ilegal ni prolongación indebida de la libertad, y que la acción de habeas corpus no es el mecanismo adecuado para resolver controversias relacionadas con el cumplimiento de la pena. Por tanto, confirmó la negativa de la acción constitucional y recordó que la interna puede interponer los recursos ordinarios correspondientes ante la autoridad judicial competente.

Implicaciones de la decisión

Esta providencia reafirma la naturaleza excepcional del habeas corpus y la importancia de respetar la competencia de los jueces de ejecución en materia penal. Además, pone en evidencia la necesidad de que las autoridades penitenciarias y judiciales mantengan actualizada y oportuna la información para garantizar la correcta aplicación de beneficios y la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. En conclusión, esta decisión fortalece el marco jurídico que regula la ejecución de penas y destaca la relevancia de utilizar los canales adecuados para la defensa de los derechos en el proceso penal, evitando el uso indebido de mecanismos constitucionales que no están diseñados para dirimir controversias sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas.