Contexto y tribunal competente

El auto fue dictado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, en ejercicio de la función de revisión del recurso de apelación interpuesto en un proceso ejecutivo relacionado con una reliquidación pensional. La providencia se enmarca en el trámite del recurso presentado contra la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander el 20 de junio de 2018.

Antecedentes fácticos y procesales

En la audiencia de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Santander resolvió no probar las excepciones presentadas por la entidad demandada en cuanto a pago total y prescripción de la obligación y ordenó continuar la ejecución por intereses moratorios generados desde julio de 2009 hasta febrero de 2012, con actualización posterior hasta el pago efectivo. En dicha audiencia, la entidad demandada interpuso recurso de apelación en efecto suspensivo. Sin embargo, el DVD que contiene la grabación audiovisual de esta diligencia se encuentra fracturado, impidiendo la revisión del contenido para fundamentar adecuadamente el recurso. Posteriormente, la entidad demandada presentó un escrito adicional sustentando el recurso de apelación, alegando la aplicación del término de diez días para su interposición conforme a normas procesales administrativas. No obstante, la Sala puntualizó que en el momento de la sentencia no existía una posición consolidada sobre el régimen aplicable para apelaciones en procesos ejecutivos, situación que fue aclarada mediante un auto de unificación jurisprudencial emitido en septiembre de 2023.

Consideraciones jurídicas del Consejo de Estado

El Despacho señaló que el apoderado sustituto de la entidad demandada interpuso el recurso y lo sustentó en la audiencia inicial, cumpliendo con los requisitos procesales vigentes entonces, conforme al Código General del Proceso (CGP). Además, se destacó que la ausencia de la grabación audiovisual, a pesar de los requerimientos efectuados a la Secretaría del Tribunal Administrativo y su Oficina de Soporte Técnico, obliga a adoptar medidas para preservar el debido proceso y el equilibrio procesal. Por ello, se dispuso:

• Abstenerse de dar trámite al escrito adicional de sustentación del recurso.
• Requerir a las partes para que, en un plazo de tres días, manifiesten si poseen copia de la grabación de la audiencia y, en caso afirmativo, la aporten.
• Advertir que, en ausencia de dicha copia, el recurso se estudiará con base en el acta de audiencia, que contiene los reparos planteados y las excepciones resueltas.
• Notificar esta decisión a las partes y demás intervinientes conforme al artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Implicaciones procesales

Esta decisión refleja la importancia de garantizar los medios probatorios adecuados para la valoración de recursos en procesos ejecutivos y la necesidad de solvencia técnica en el manejo de archivos audiovisuales judiciales. Asimismo, señala la aplicación progresiva y aclaratoria de normas procesales en materia de apelaciones en la jurisdicción contencioso administrativa, con énfasis en la interpretación conforme al CGP y la Ley 1437 de 2011. La providencia garantiza que, pese a la imposibilidad técnica de revisión del archivo original, el análisis del recurso de apelación podrá continuar con base en los registros escritos, preservando así el derecho a la defensa y el debido proceso. --- Esta noticia jurídica contribuye a la comprensión de los procedimientos administrativos y judiciales en materia pensionaria y procesal, destacando la labor de los órganos de control jurisdiccional en la correcta administración de justicia.