Contexto y naturaleza de la providencia

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, emitió un auto el 27 de noviembre de 2025, mediante el cual negó la solicitud de insistencia presentada por el apoderado de un particular frente a la decisión previa que no autorizó la revisión eventual de una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia. Dicha sentencia había confirmado una decisión del Juzgado Administrativo de Turbo en un proceso de acción popular contra el municipio de Apartadó.

Antecedentes fácticos y procesales

En primera instancia, una ciudadana interpuso una acción popular contra el municipio de Apartadó por presunta vulneración del derecho colectivo al goce del espacio público y la defensa de bienes de uso público. La demanda se centró en la ocupación irregular de un lote de parqueo y una zona verde dentro de una urbanización, que según la accionante, afectaba el uso público del espacio. El Juzgado Administrativo de Turbo amparó este derecho colectivo, ordenando la restitución del espacio público ocupado por un establecimiento comercial del particular demandado. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que sostuvo que los predios ocupados correspondían a zonas de cesión gratuita obligatoria, adquiridas como bienes públicos imprescriptibles, cuya protección era responsabilidad del municipio. Posteriormente, el particular solicitó la revisión eventual de la sentencia alegando la existencia de pruebas nuevas, la falsedad en anotaciones registrales y la falta de competencia del tribunal para decidir en materia de acción popular, dado que existía un proceso civil pendiente sobre la titularidad del bien. La Sala negó la revisión eventual, considerando que la petición pretendía una tercera instancia para debatir cuestiones ya resueltas en el proceso.

Consideraciones y motivo de la decisión

La solicitud de insistencia buscaba revocar el auto que negó la selección para revisión eventual, argumentando que no se confundió este mecanismo con un recurso extraordinario y que se presentaron pruebas no valoradas oportunamente. También se invocó la necesidad de unificar jurisprudencia sobre la competencia para decidir acciones populares relacionadas con la naturaleza pública o privada de bienes. Sin embargo, la Sala del Consejo de Estado concluyó que la solicitud no aportó un análisis comparativo de fallos contradictorios que justificaran la intervención para unificar jurisprudencia. Se observó que el propósito real era reabrir el trámite de la acción popular, lo cual excede el objeto de la revisión eventual, cuyo fin es garantizar la coherencia jurisprudencial en materia de derechos e intereses colectivos. Además, la Sala resaltó que las cuestiones planteadas ya fueron discutidas en el proceso y que la inconformidad presentada correspondía a una valoración probatoria, ajena al alcance de la revisión eventual. Por último, señaló que la insistencia no puede emplearse para introducir argumentos o debates nuevos que no fueron presentados inicialmente. En consecuencia, la Sala negó la solicitud de insistencia y ordenó devolver el expediente al tribunal de origen para los trámites correspondientes.

Implicaciones

Este auto reafirma los límites del mecanismo de revisión eventual en procesos de acción popular, enfatizando su carácter restrictivo y su función primordial en la unificación jurisprudencial. Asimismo, destaca la importancia de respetar la competencia y el procedimiento adecuado para resolver conflictos sobre la titularidad y uso de bienes públicos, evitando la dilación procesal mediante recursos improcedentes. La decisión contribuye a la claridad en la aplicación de los mecanismos procesales para la protección de los derechos colectivos, especialmente en casos relacionados con el espacio público y el uso de bienes de dominio público en Colombia, fortaleciendo así la protección del interés general frente a ocupaciones irregulares y el uso indebido de áreas destinadas al goce común.