Contexto y competencia del tribunal

La Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, en segunda instancia, dictó un auto el 4 de diciembre de 2025. Este tribunal es competente para conocer y decidir sobre solicitudes vinculadas a procesos de pérdida de investidura de congresistas, conforme a lo establecido en la Ley 1881 de 2018 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se inició a partir de una solicitud de pérdida de investidura presentada contra un representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander. La solicitud alegaba, en primer lugar, una posible violación del régimen de conflicto de intereses, derivada de la participación del congresista en la elección del Contralor General de la República, sin manifestar impedimento por un vínculo familiar con un funcionario vinculado a procesos fiscales ante la Contraloría. En subsidio, se invocó la causal de tráfico de influencias, argumentando que el voto del congresista en dicha elección habría estado condicionado al nombramiento de su pariente en un cargo dentro de la Contraloría General. La solicitud fue admitida y se decretaron varias pruebas, incluyendo documentos aportados por las partes y un informe escrito bajo juramento del Contralor General de la República, quien debía rendir dicho informe en un plazo de diez días hábiles. Se denegaron otras pruebas solicitadas, como testimonios y grabaciones inicialmente propuestas. Posteriormente, el solicitante interpuso recurso de reposición para que se decretara como prueba una grabación de la sesión de elección del Contralor, lo que fue parcialmente concedido. La providencia que resolvió el recurso fue notificada oportunamente.

Consideraciones sobre la solicitud de incidente de desacato

El solicitante pidió la apertura de un incidente de desacato contra el Contralor General, argumentando que no se había cumplido la orden de rendir el informe bajo juramento dentro del término legal. Sin embargo, el Contralor presentó dicho informe dentro del plazo establecido. El Consejo de Estado examinó la solicitud a la luz de las disposiciones legales aplicables, en particular los artículos 217 del CPACA y 195 del Código General del Proceso (CGP), que regulan la imposición de multas por incumplimiento de órdenes judiciales, y el artículo 44 del CPACA, que otorga poderes correccionales al juez. El tribunal señaló que la figura del “incidente de desacato” no está prevista expresamente en las normas aplicables, y que las consecuencias jurídicas por incumplimiento se limitan a la imposición de multas, sin perjuicio de otros poderes del juez. Además, destacó que la providencia que ordenó la prueba había quedado ejecutoriada tras la resolución del recurso de reposición y su notificación, por lo que el término para cumplirla se contaba desde entonces. Dado que el informe fue presentado dentro del término legal, el tribunal concluyó que no procedía imponer sanciones ni abrir incidente de desacato. En consecuencia, rechazó la solicitud por ser notoriamente improcedente conforme al artículo 43 del CGP.

Decisión final

El Consejo de Estado dictó auto en el que negó la apertura de incidente de desacato y ordenó remitir el expediente para lo de su cargo. Esta decisión reafirma el estricto respeto a los términos procesales y la correcta aplicación de las normas procedimentales en los procesos de pérdida de investidura, garantizando el debido proceso y la eficacia en la administración de justicia. Este caso destaca la importancia de la observancia rigurosa de los plazos y procedimientos en los procesos contencioso-administrativos, y clarifica los alcances y límites de las facultades correccionales del juez en materia de cumplimiento de órdenes judiciales, fortaleciendo así la transparencia y responsabilidad en la función pública.