Propósito general y objetivo principal

El proyecto de resolución tiene como propósito general prorrogar la suspensión del cobro de las tarifas correspondientes a las Categorías I y II en la Estación de Peaje Turbaco, ubicada en el PR 96+500 del trayecto Cartagena – Turbaco. Esta medida busca atender las solicitudes reiteradas de la comunidad y actores locales, en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario, con el fin de garantizar la movilidad, la equidad económica y el orden público en la región. El objetivo principal es mantener la suspensión temporal de estas tarifas durante un mes adicional, hasta el 31 de enero de 2026, para mitigar los impactos sociales y económicos derivados de las protestas y bloqueos que han afectado el recaudo del peaje y la sostenibilidad financiera del proyecto vial.

Nuevas disposiciones y medidas específicas propuestas

El proyecto establece la prórroga de la suspensión del cobro para las Categorías I y II, mientras que las demás categorías mantienen sus tarifas vigentes conforme a la estructura tarifaria contractual. Se dispone además que la Agencia Nacional de Infraestructura deberá informar al Ministerio de Transporte sobre cualquier amenaza a la suficiencia de los mecanismos de compensación establecidos en el contrato de concesión, que pueda afectar el equilibrio financiero del proyecto. La medida se fundamenta en un análisis técnico, social y financiero realizado por la ANI y la interventoría del proyecto, en el que se evalúan los riesgos y se confirma la viabilidad de la prórroga, teniendo en cuenta la compleja situación social en la zona y la necesidad de preservar la operación y mantenimiento del corredor vial.

Impacto y alcance potencial

La suspensión del cobro para estas categorías busca garantizar el derecho a la libre circulación de los habitantes y transportadores de la región, evitando congestiones y conflictos vehiculares, y promoviendo la seguridad vial en un corredor estratégico para la conectividad nacional y el comercio exterior. Además, esta medida atiende los principios constitucionales y legales relacionados con la soberanía popular, la intervención estatal, la equidad fiscal y la integración regional, al tiempo que procura la sostenibilidad financiera del proyecto de concesión vial Autopistas del Caribe.

Participación de actores clave

El proceso ha contado con la participación activa de la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte, el concesionario del proyecto, la interventoría y la comunidad local, incluyendo líderes de diferentes comités y representantes del sector transportador. También se ha evidenciado la necesidad de un mayor acompañamiento por parte de las autoridades departamentales y municipales para facilitar el diálogo y la aceptación de las tarifas diferenciales propuestas. Se han realizado múltiples mesas de trabajo y socialización para abordar las inquietudes y buscar soluciones concertadas, reflejando el compromiso institucional con la atención de las necesidades y demandas de las comunidades aledañas al corredor vial.

Marco normativo y fundamentos legales

La resolución se sustenta en los artículos 21 y 30 de la Ley 105 de 1993, modificados por la Ley 787 de 2002, así como en los decretos que regulan las funciones del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura. Además, se considera el contrato de concesión N.º 002 de 2021 y las resoluciones previas que han regulado las tarifas y condiciones del peaje Turbaco. La decisión también incorpora los principios fundamentales de la Ley 105 de 1993, tales como la soberanía del pueblo, la intervención estatal en el sector transporte, la libre circulación, la integración nacional y la seguridad vial, y se apega a las normas sobre fijación de tarifas y equidad fiscal.

Consulta pública y procedimiento

El proyecto se ha publicado para consulta pública en el portal del Ministerio de Transporte, con el fin de recibir comentarios, observaciones o propuestas por parte de ciudadanos y grupos de interés. Durante el plazo establecido, no se registraron aportes relevantes, lo que facilita la continuidad del trámite administrativo. Finalmente, la propuesta será evaluada para su posible adopción definitiva, buscando equilibrar las condiciones contractuales y financieras del proyecto con las realidades sociales y económicas del área de influencia, asegurando la adecuada operación y desarrollo de la infraestructura vial en la región. Esta medida refleja el compromiso del Ministerio de Transporte con la movilidad sostenible y la calidad de vida de las comunidades afectadas.