Entidad emisora, número y fecha de la resolución
La presente actualización fue establecida por la Fiscalía General de la Nación mediante la Resolución número 010 de 2025, fechada el 11 de diciembre y publicada oficialmente en el Diario Oficial número 53.335 el 15 de diciembre de 2025.
Tema principal y destinatarios
La resolución se centra en la actualización de los instrumentos de gestión de la información pública de la Fiscalía General de la Nación. Estos instrumentos son herramientas clave para el cumplimiento del derecho constitucional de acceso a la información pública. El destinatario principal es la propia Fiscalía, junto con la ciudadanía en general, quienes son beneficiarios del derecho a acceder a la información pública bajo el marco legal vigente.
Objetivo de la resolución
El propósito fundamental es actualizar y consolidar los instrumentos de gestión de la información pública para cumplir con las obligaciones legales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos reservados. Esta actualización busca mejorar la efectividad, eficiencia y capacidad institucional para atender con calidad los requerimientos de información de los ciudadanos, garantizando al mismo tiempo la protección adecuada de información clasificada.
Decisiones y regulaciones principales
La resolución actualiza tres instrumentos esenciales:
- Índice de Información Clasificada y Reservada: Documento que identifica y motiva la reserva o clasificación de información.
- Registro de Activos de Información: Catálogo actualizado de los activos documentales en posesión de la Fiscalía.
- Esquema de Publicación de Información: Plan que determina qué información debe ser publicada para asegurar la máxima publicidad.
Además, establece responsabilidades claras dentro de la Fiscalía para la revisión y actualización periódica de estos instrumentos:
- La Subdirección de Gestión Documental debe revisar y actualizar semestralmente el Registro de Activos y el Esquema de Publicación, además de coordinar su publicación en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano y en la página web institucional.
- La Dirección de Asuntos Jurídicos es responsable de la revisión y actualización anual del Índice de Información Clasificada y Reservada, así como de su publicación en los mismos canales.
Se dispone la publicación inmediata de estos instrumentos en el sitio web institucional y en el Portal de Datos Abiertos para garantizar su accesibilidad pública.
Base legal y modificaciones
La resolución se fundamenta en el artículo 74 de la Constitución Política, que consagra el derecho de acceso a documentos públicos, y en la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. También se apoyan en el Decreto Ley 898 de 2017, el Decreto 103 de 2015 y el Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015, que regulan la gestión y publicidad de la información.
Esta actualización reemplaza y deroga todas las resoluciones anteriores que regulaban los mismos instrumentos desde 2017 hasta 2025, consolidando los lineamientos vigentes en un solo acto administrativo.
Plazos y publicación
La resolución entra en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial y establece la periodicidad para la actualización de los instrumentos: semestral para el Registro de Activos y Esquema de Publicación, y anual para el Índice de Información Clasificada. Asimismo, ordena la publicación inmediata de estos instrumentos en los portales oficiales para garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos.
Impacto potencial
Con esta actualización, la Fiscalía General de la Nación fortalece su compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública, facilitando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos constitucionales. Además, mejora la gestión interna de la información, asegurando que los datos sensibles estén adecuadamente clasificados y protegidos, mientras que la información pública se divulga con mayor claridad y oportunidad. Esto contribuye a un Estado más abierto y responsable, alineado con las normativas nacionales vigentes, y promueve la confianza ciudadana en las instituciones públicas.