Contexto y referencia del proyecto de decreto
El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio de Educación Nacional, se publicaría con el propósito de adicionar la Subsección 1 a la Sección 7, Capítulo 3, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015. Esta adición buscaría reglamentar la Ley 2156 de 2021, expedida por el Congreso de la República el 15 de septiembre de 2021, que crea una exención legal para el pago de las tarifas del examen de Estado de Educación Media Saber 11 a favor de las víctimas de la violencia. El proyecto se socializaría en dos periodos para observaciones ciudadanas: del 1 al 17 de julio de 2022 y del 11 al 16 de diciembre de 2024.
Tema principal y propósito del proyecto
El objetivo principal del proyecto sería reglamentar la operación de la Ley 2156 de 2021 para reconocer la exención legal del pago de la tarifa del examen Saber 11 a víctimas de la violencia, aplicable una única vez por beneficiario. El proyecto establecería criterios claros para identificar a las personas potencialmente beneficiarias, principalmente jóvenes menores de 21 años que estén registrados en el Registro Único de Víctimas (RUV) y clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV o su instrumento sustituto, que corresponden a población en condiciones de pobreza extrema, moderada o vulnerabilidad.
Modificaciones y regulaciones propuestas
Se propondría la creación de una subsección específica dentro del Decreto 1075 de 2015, que definiría:
- Las definiciones clave relacionadas con la exención, incluyendo los conceptos de persona potencialmente beneficiaria y beneficiaria.
- Los criterios para la inscripción y registro en el examen Saber 11, señalando que el registro debe realizarse a través de la institución educativa o individualmente, conforme al reglamento del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).
- Los mecanismos para la entrega, tratamiento y manejo de la información de los potenciales beneficiarios, garantizando la protección de datos personales según las leyes vigentes.
Acciones y disposiciones establecidas
El proyecto establecería responsabilidades específicas para varias entidades públicas que deberían coordinarse para la correcta implementación de la exención:
| Entidad |
Responsabilidades principales |
| Ministerio de Educación Nacional (MEN) |
Disponer la información de estudiantes matriculados en grado 11°, garantizar la calidad de los datos, gestionar recursos presupuestales y transferir fondos al ICFES. |
| Departamento Nacional de Planeación (DNP) |
Proveer información actualizada del Sisbén IV para identificar beneficiarios potenciales y garantizar la veracidad y oportunidad de los datos. |
| Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) |
Organizar la información de potenciales beneficiarios, entregar datos al ICFES y garantizar la integridad y calidad de la información. |
| Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) |
Gestionar el calendario de exámenes, cargar la información de beneficiarios en la plataforma tecnológica, validar la exención previa y realizar la inscripción administrativa de los beneficiarios. |
Además, se definiría que la inscripción al examen por parte de los beneficiarios debe cumplir con el reglamento del ICFES, y que el pre-registro en la plataforma tecnológica no constituye una inscripción formal.
Participación ciudadana y acceso al proyecto
El proyecto de decreto se habría publicado para consulta pública en periodos establecidos, permitiendo a la ciudadanía enviar observaciones y comentarios. Las entidades responsables habrían garantizado la socialización del contenido para asegurar la transparencia y la participación en el proceso normativo.
Información adicional
El proyecto se fundamentaría en diversas normas constitucionales y legales, incluyendo la Constitución Política de Colombia, la Ley 1448 de 2011 sobre víctimas del conflicto armado, la Ley 2156 de 2021 que crea la exención, y reglamentaciones relacionadas con la protección de datos personales y la gestión de información pública. También se contemplaría la transición del Sisbén IV al Registro Universal de Ingresos (RUI) como instrumento para la focalización social.
Este proyecto, en caso de ser aprobado, establecería un marco claro para que las víctimas de la violencia puedan acceder sin costo al examen Saber 11°, facilitando su acceso a la educación superior y promoviendo la inclusión social. De esta manera, se contribuiría a la reparación integral y al reconocimiento de derechos de esta población, alineándose con las políticas públicas de equidad y justicia social en Colombia.
