Contexto y referencia normativa

El proyecto de decreto, anunciado en 2025 por el Ministerio de Transporte, buscaría modificar el Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte. Esta iniciativa se fundamentaría en diversas disposiciones constitucionales y legales, incluyendo la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996, la Ley 1753 de 2015, la Ley 1955 de 2019, la Ley 2033 de 2020 y la Ley 2294 de 2023, entre otras. Además, consideraría la necesidad de compilar y racionalizar normas relacionadas con los sectores de educación y transporte, en concordancia con decretos previos como el 1075 de 2015.

Propósito y alcance del proyecto

El proyecto de decreto tendría como propósito principal garantizar condiciones de accesibilidad y seguridad en el servicio público de transporte y tránsito, promover la formalización de estos servicios y asegurar la prestación eficiente en zonas donde las condiciones geográficas, económicas, sociales, culturales o étnicas impidieran la normal prestación bajo la normativa vigente. Particularmente, se enfocaría en municipios o grupos de municipios, así como en territorios indígenas formalmente constituidos, donde no existan sistemas de transporte cofinanciados por la Nación.

Modificaciones y medidas específicas

Entre las principales modificaciones, el proyecto sustituiría el Título 8 del mencionado Decreto 1079 de 2015, estableciendo nuevas disposiciones para la creación, duración y regulación de las zonas diferenciales para el transporte y tránsito. Algunas medidas relevantes incluirían:

• La posibilidad de crear zonas diferenciales para el transporte escolar, permitiendo contratación directa con personas naturales y jurídicas bajo condiciones especiales, en municipios sin empresas de transporte escolar legalmente habilitadas.
• El uso de medios motorizados, no motorizados y fluviales para el transporte escolar, garantizando la seguridad vial de los usuarios.
• El reconocimiento del uso de medios con tracción animal en condiciones especiales, siempre que se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
• Establecimiento de un plazo inicial de cuatro años para la vigencia de las zonas diferenciales, con posible prórroga única de dos años, tras lo cual los servicios deberán ajustarse a la normativa general.
• Regulación de los reglamentos operativos transitorios que deberán expedir las autoridades territoriales, con aprobación técnica previa del Ministerio de Transporte.
• Procedimientos claros para la solicitud, creación y seguimiento de las zonas diferenciales, incluyendo la participación del Ministerio de Educación Nacional en la caracterización y evaluación de las zonas diferenciales para transporte escolar.
• La obligación de presentar informes periódicos ante organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para garantizar la transparencia en la gestión del transporte escolar.
• El Ministerio de Transporte reglamentaría un manual de asistencia técnica para apoyar a los entes territoriales en la contratación pública del servicio de transporte escolar.
• Las autoridades municipales o indígenas formalizadas serían responsables de la inspección, vigilancia y control del servicio dentro de sus jurisdicciones, en coordinación con la Superintendencia de Transporte.

Participación de actores clave

El proyecto contemplaría la participación activa de varias entidades, entre ellas:

• El Ministerio de Transporte, a través de sus Subdirecciones de Transporte y Tránsito, encargadas de la evaluación, creación y seguimiento de las zonas diferenciales.
• El Ministerio de Educación Nacional, que acompañaría el proceso de caracterización y emitiría conceptos técnicos para el transporte escolar.
• Las autoridades territoriales municipales, departamentales y de territorios indígenas formalizados, responsables de solicitar la creación de zonas diferenciales y de expedir reglamentos operativos transitorios.
• Organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que recibirían informes periódicos sobre la gestión del transporte escolar.
• La ciudadanía y asociaciones de padres de familia, quienes podrían solicitar a las autoridades municipales la gestión para la creación de zonas diferenciales.

Acceso al proyecto y participación ciudadana

El proyecto de decreto estaría disponible para consulta pública en la página web del Ministerio de Transporte durante un periodo determinado en 2025, con el objetivo de recibir comentarios, observaciones y propuestas de ciudadanos y grupos de interés. Este mecanismo permitiría la participación de la sociedad en la elaboración y ajuste del decreto antes de su eventual promulgación. --- Este proyecto de decreto, al sustituir y actualizar regulaciones anteriores, buscaría adaptarse a las realidades territoriales diversas del país, especialmente en zonas rurales, fronterizas e indígenas, para garantizar el acceso efectivo y seguro a los servicios de transporte y tránsito, incluyendo el transporte escolar. Con ello, se espera mejorar la calidad y cobertura del servicio, fortaleciendo la integración social y territorial en Colombia.