Contexto y tribunal competente

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, emitió la Sentencia T-501 de 2025. Esta decisión revisó dos expedientes acumulados provenientes de juzgados municipales en Bogotá y Bucaramanga, que abordaron acciones de tutela interpuestas contra entidades promotoras de salud (EPS) por presuntas vulneraciones de derechos fundamentales relacionados con la salud.

Antecedentes fácticos y procesales

En uno de los casos, la madre de una joven paciente con múltiples diagnósticos de discapacidad y dependencia total solicitó a la EPS la autorización del servicio de cuidador y la entrega de sillas de ruedas y baño neurológicas prescritas por junta médica. La EPS negó estas solicitudes aduciendo que el servicio de cuidador no está incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y que la silla de ruedas debía gestionarse a través de otras instancias. La paciente y su madre se encuentran en situación de pobreza moderada y vulnerabilidad social y económica. En el segundo caso, el agente oficioso de una adulta mayor afiliada a otra EPS solicitó la asignación inmediata de un cuidador domiciliario permanente, argumentando la incapacidad física y económica de sus familiares para brindar el cuidado necesario. La EPS negó la solicitud basándose en la existencia de una red familiar extensa capaz de asumir el cuidado y en la ausencia de orden médica que prescribiera el servicio solicitado. Ambas acciones de tutela fueron inicialmente negadas por los juzgados municipales respectivos y confirmadas en segunda instancia, lo que motivó su revisión por la Corte Constitucional.

Consideraciones principales de la Corte Constitucional

La Corte examinó detalladamente los requisitos de procedibilidad de las acciones de tutela, confirmando la legitimación activa de los representantes legales y agentes oficiosos en casos de vulnerabilidad, así como la legitimación pasiva de las EPS demandadas. Se descartó la aplicación de la cosa juzgada constitucional en uno de los casos debido a diferencias sustanciales en objeto y causa petendi entre las acciones. Sobre el fondo, la Sala reiteró la jurisprudencia constitucional respecto al derecho fundamental a la salud y al cuidado, señalando que:

• El derecho a la salud implica acceso oportuno, integral y adecuado a servicios, tecnologías y medicamentos, garantizado sin discriminación y con calidad profesional.
• El servicio de cuidador es un derecho en construcción, esencial para personas con dependencia severa, y debe ser asumido por la EPS en ausencia o incapacidad material de la familia para prestar el cuidado, acreditada mediante valoración médica y socioeconómica integral.
• Las sillas de ruedas y de baño son dispositivos médicos incluidos en el PBS, cuya entrega debe ser autorizada cuando exista prescripción médica o evidencia evidente de necesidad.
• La solidaridad es principio fundamental que implica una corresponsabilidad entre familia, Estado y sistema de salud para garantizar el cuidado adecuado.
• El cobro de copagos y cuotas moderadoras puede ser exonerado excepcionalmente cuando el paciente o su núcleo familiar carezcan de capacidad económica para asumir dichos pagos, más aún cuando se trate de sujetos de especial protección constitucional.

En el análisis específico, la Corte constató que en el primer caso la paciente presenta diagnósticos que le generan dependencia total, su madre cuidadora padece condiciones de salud que limitan su capacidad y además enfrenta una situación económica precaria. Por tanto, se acreditó la necesidad del servicio de cuidador y la entrega de las sillas prescritas, así como el impacto desproporcionado en la cuidadora. En el segundo caso, aunque la EPS alegó la existencia de una red familiar extensa, la Corte advirtió que la mayoría de los cuidadores son adultos mayores con limitaciones de salud y que no se realizó una valoración integral del entorno familiar para determinar la capacidad real de cuidado. Se concluyó que la EPS vulneró los derechos fundamentales al negar el servicio sin un análisis completo y ordenó realizar una valoración interdisciplinaria en un plazo perentorio para decidir sobre la asignación del cuidador y la exoneración de copagos.

Decisión

La Corte Constitucional revocó las sentencias de tutela de primera y segunda instancia, amparando los derechos fundamentales de las pacientes. Ordenó a las EPS demandadas:

• En el primer expediente, suministrar el servicio de cuidador y entregar las sillas de ruedas y baño indicadas por la junta médica dentro de un plazo máximo de diez días.
• En el segundo expediente, realizar una valoración interdisciplinaria integral del paciente y su núcleo familiar en un plazo máximo de 48 horas para evaluar la capacidad de cuidado familiar. De comprobarse la imposibilidad, autorizar y suministrar el servicio de cuidador y evaluar la solicitud de exoneración de copagos. De lo contrario, capacitar a la familia para asumir el cuidado.

Asimismo, fueron desvinculadas las entidades vinculadas sin legitimación para responder por la vulneración alegada.

Importancia jurídica

Esta sentencia reafirma la obligación de las EPS de garantizar el derecho fundamental a la salud y al cuidado en casos de dependencia severa, especialmente ante situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y física. Además, resalta la necesidad de una valoración integral que contemple no solo el diagnóstico clínico, sino también las condiciones familiares y económicas para evitar cargas desproporcionadas en los cuidadores. La decisión también enfatiza el carácter excepcional y restrictivo del mecanismo de tutela, aplicable cuando otros medios judiciales no resultan idóneos o eficaces para proteger derechos en riesgo inminente, como es el caso de pacientes en condición de especial protección constitucional. En suma, la Corte Constitucional impulsa una interpretación garantista y contextualizada del derecho a la salud, promoviendo la corresponsabilidad entre familia, Estado y sistema de salud para asegurar una atención digna y adecuada a personas con dependencia y sus cuidadores, consolidando así un marco jurídico que protege integralmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.