Contexto y marco normativo
El proyecto de decreto, anunciado en 2025 por el Ministerio de Minas y Energía, buscaría modificar el Decreto 1073 de 2015, decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y energía. Esta iniciativa se fundamentaría en diversas disposiciones constitucionales y legales, incluyendo las facultades presidenciales en materia energética, las leyes 142 de 1994, 1955 de 2015, 2128 y 2099 de 2021, y la Ley 1715 de 2014, entre otras normas relevantes. Además, se alinea con programas nacionales como el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y el Programa Basura Cero, que promueven la transición energética y la economía circular.
Propósito y sectores afectados
El propósito principal del proyecto sería promover una mayor oferta y diversificación en el suministro de gas combustible, incorporando fuentes renovables como el biogás y el biometano. Se buscaría, además, garantizar la seguridad energética territorial, fomentar la gestión sostenible de residuos y establecer condiciones que favorezcan la transición energética justa en Colombia. Los sectores afectados incluirían la industria energética, comercializadores y productores de gas natural, así como comunidades energéticas, proyectos de biogás y biometano, y usuarios residenciales, comerciales, vehiculares e industriales.
Cambios y medidas específicas propuestas
Entre las modificaciones planteadas, el proyecto incluiría:
- Actualización y adición de definiciones relacionadas con contratos de suministro de gas, producción comprometida, potencial de importación y cantidades importadas con contratos firmes.
- Obligación para comercializadores de gas natural importado de declarar anualmente su potencial de importación, cantidades comprometidas y disponibles, con actualización posible durante el año.
- Establecimiento de lineamientos para la comercialización de contratos firmes sujetos a condiciones, permitiendo libertad en mecanismos y precios, pero con requisitos mínimos y reglas claras para asegurar firmeza y disponibilidad.
- Disposiciones transitorias para el mercado mayorista de gas natural en situaciones de oferta limitada, regulando precios máximos y condiciones para contratos interrumpibles y mercado secundario.
- Incentivos tarifarios para impulsar el uso de gas natural comprimido vehicular (GNCV) en transporte masivo y vehículos de uso exclusivo, con posibilidad de aplicar libertad regulada o vigilada en estaciones de servicio.
- Creación de un capítulo específico para el aprovechamiento energético e integración del biogás y biometano, que establecería mecanismos, condiciones de calidad, seguridad, medición y trazabilidad, así como definiciones técnicas y operativas para estos gases renovables.
- Definición de metas progresivas de participación de biometano en la matriz energética, con posibilidad de ser obligatorias o voluntarias, y diferenciadas por sectores y regiones.
- Regulación para el uso de bioenergía en redes aisladas, soluciones comunitarias y comunidades energéticas, incluyendo criterios de seguridad y gestión operativa.
- Promoción de la armonización técnica y regulatoria para el biogás y biometano, en coordinación con entidades competentes.
- Implementación de mecanismos de certificación de garantía de origen para biogás y biometano, con el fin de asegurar trazabilidad y consistencia ambiental y energética.
- Establecimiento de un sistema de información y registro de proyectos de biogás y biometano, con responsabilidades claras para los titulares y supervisión de autoridades competentes.
- Incorporación del potencial de biogás y biometano en la planeación energética nacional a cargo de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
- Posibilidad de definir condiciones para proyectos piloto de biogás y biometano, con criterios técnicos y requisitos de seguridad y medición.
Participación de actores clave
El proyecto contemplaría la participación del Ministerio de Minas y Energía como entidad principal en la formulación, coordinación y supervisión de las políticas y regulaciones propuestas. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) estaría encargada de realizar ajustes regulatorios en materia operativa, comercial y tarifaria relacionados con el biogás y biometano. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) tendría un rol clave en la incorporación de estos nuevos energéticos en la planeación sectorial. Además, los productores, comercializadores y otros actores privados y públicos del sector energético participarían en la implementación y cumplimiento de las disposiciones.
Información adicional y participación ciudadana
El proyecto de decreto se habría publicado para comentarios de la ciudadanía en la página web oficial del Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento de la Ley 1437 de 2011. Esta etapa permitiría a interesados enviar observaciones y participar en el proceso de elaboración normativa, aunque no se especificaron plazos exactos en el texto analizado. La publicación del proyecto completo estaría disponible para consulta pública, facilitando la transparencia y la inclusión de diversos sectores en su discusión.
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Este proyecto de decreto busca actualizar y fortalecer el marco regulatorio colombiano para el sector de gas combustible, promoviendo la integración de fuentes renovables y asegurando condiciones que garanticen la disponibilidad y eficiencia del suministro energético en el país. De esta manera, se espera impulsar la transición energética hacia un modelo más sostenible y diversificado, contribuyendo al desarrollo económico y ambiental de Colombia.