Contexto y propósito del Decreto 1391 de 2025

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió el Decreto 1391 de 2025, fechado el 22 de diciembre y publicado en el Diario Oficial 53.345, con el fin de fortalecer la estructura normativa del sector agropecuario mediante la adición de la Parte 23 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015. Este decreto reglamenta la organización y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), entidad clave para el financiamiento y manejo de riesgos en el agro colombiano. El decreto responde a una serie de mandatos constitucionales recientes que reconocen al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, vinculados a la soberanía alimentaria y el desarrollo integral del sector rural. Además, incorpora recomendaciones internacionales sobre seguridad alimentaria y desarrollo rural sostenible, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 2294 de 2023.

Medidas y disposiciones establecidas

El Decreto 1391 define a la CNCA como el organismo rector del financiamiento y manejo de riesgos del sector agropecuario, encargado de administrar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA). Se establece la estructura orgánica de la Comisión, cuya presidencia recae en el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado. Entre las medidas específicas, se detallan funciones claras para la presidencia y la Secretaría Técnica, esta última designada dentro de Finagro y responsable de la preparación de documentos técnicos, coordinación de sesiones, gestión documental y publicación de resoluciones. Se regula la convocatoria y desarrollo de sesiones ordinarias y extraordinarias, incluyendo modalidades presenciales y virtuales, así como el procedimiento para la toma de decisiones y votaciones. El decreto también contempla la creación de comités consultivos especializados para apoyar la función técnica y asesorar en temas específicos. Se establecen normas sobre la confidencialidad de la información manejada por la Comisión y reglas para la declaración y gestión de conflictos de interés de sus miembros. Además, se encomienda a Finagro la adecuación de recursos y condiciones para el ejercicio técnico de la Secretaría y la CNCA, garantizando un acompañamiento técnico, jurídico, económico y financiero adecuado.

Ámbito de aplicación y sujetos afectados

El decreto tiene aplicación nacional y afecta directamente a las entidades públicas y privadas vinculadas al sistema de crédito agropecuario, funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Finagro y miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. También impacta a los productores agropecuarios, campesinos, y demás actores del sector rural que se benefician del financiamiento y manejo de riesgos regulados por la CNCA. Se establecen mecanismos de participación para expertos invitados y enfatiza la necesidad de transparencia y acceso a la información pública, salvo aquella calificada como reservada o confidencial según la legislación vigente.

Base legal y vigencia

El decreto se fundamenta en diversas disposiciones constitucionales, entre ellas los artículos 189, 208 y 209 de la Constitución Política; el Decreto Ley 663 de 1993 modificado por la Ley 2294 de 2023; la Ley 489 de 1998; la Ley 16 de 1990; y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Se deriva también de políticas nacionales orientadas a fortalecer la agricultura campesina y la seguridad alimentaria. El Decreto 1391 de 2025 entra en vigencia a partir de su publicación y deroga expresamente los Decretos 1313 de 1990, 1033 de 1995 y 872 de 2005, así como otras disposiciones que le sean contrarias.

Implicaciones para la ciudadanía y el sector agropecuario

Con la reglamentación clara y actualizada de la CNCA, se busca mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión del crédito agropecuario, fortaleciendo el acceso al financiamiento para productores rurales, especialmente campesinos, en consonancia con los derechos constitucionales y la política pública vigente. La normativa promueve la participación técnica y la rendición de cuentas, además de garantizar un manejo adecuado del riesgo agropecuario, aspectos fundamentales para la sostenibilidad y desarrollo del sector rural en Colombia. La ciudadanía y los actores del sector están llamados a conocer y participar en los procesos que se desprendan de esta reglamentación, contribuyendo al fortalecimiento del sistema agropecuario nacional.