Contexto y Emisión del Decreto
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 1396 el 22 de diciembre de 2025, publicado en el Diario Oficial No. 53.345. Este decreto modifica los artículos 2.25.3, 2.25.4 y 2.25.5 del Decreto 1068 de 2015, específicamente en lo relativo a las condiciones de acceso y financiamiento del programa inicialmente llamado “CREO, un Crédito para Conocernos”. La actualización incluye además un cambio en la denominación del programa, que a partir de la entrada en vigencia del decreto se llamará “A Pulso”.
Objetivo Principal y Relevancia
El decreto tiene como propósito fortalecer la inclusión financiera de la Economía Popular, entendida como las actividades productivas de baja escala desarrolladas por personas naturales y jurídicas, micronegocios y microempresas, tanto en sectores urbanos como rurales. Esta iniciativa responde a los mandatos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la Ley 2294 de 2023, que promueven políticas públicas para mejorar las oportunidades económicas de la población y reconocer la importancia de la Economía Popular y Comunitaria.
Medidas y Modificaciones Clave
Entre las disposiciones principales del decreto destacan:
- Ampliación de montos de crédito: Se incrementa el monto máximo para operaciones de crédito individual y grupal a seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), equivalente a aproximadamente $8,5 millones en 2025. Esto representa un aumento significativo frente a los límites anteriores de $2 millones para el segmento no agropecuario y $4 millones para el agropecuario.
- Extensión de plazos: Se amplía el plazo para pago de créditos individuales y grupales hasta 24 meses para el segmento urbano y 36 meses para el segmento agropecuario, facilitando la adecuación de los pagos a los ciclos productivos y flujos de caja de los beneficiarios.
- Condiciones de acceso: Se mantienen requisitos como ser persona natural o jurídica mayor de edad, pertenecer a ciertos grupos de ingresos según el Sisbén IV o equivalentes, y destinar el crédito a actividades productivas o sustitución de pasivos en el sector real.
- Incentivo al buen pago: Se establece un incentivo único del 5% del valor del capital del crédito para deudores que cumplan con el pago oportuno, simplificando la aplicación de este beneficio y uniformando criterios entre las entidades intervinientes.
- Clarificación sobre créditos previos: Se aclara que la restricción para acceder al programa debido a créditos vigentes o recibidos en los últimos dos años aplica solo en la primera postulación, permitiendo segundas postulaciones bajo ciertas condiciones.
Ámbito de Aplicación y Entidades Afectadas
El decreto tiene aplicación nacional y afecta a diversas entidades públicas y privadas que participan en el Programa “A Pulso”, incluyendo proveedores de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria, así como instituciones especializadas en microcrédito y empresas Fintech. Los beneficiarios directos son personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades productivas en sectores urbanos y rurales, especialmente micronegocios y pequeños productores agropecuarios.
Base Legal y Vigencia
El decreto se expide en ejercicio de las facultades constitucionales conferidas al Presidente de la República, en especial el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 88 de la Ley 2294 de 2023. Modifica el Decreto 1068 de 2015 y se publica conforme a los procedimientos de participación ciudadana establecidos en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto Único 1081 de 2015. Entró en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Implicaciones para la Ciudadanía y el Sector Financiero
Con esta actualización, se espera una mayor cobertura y efectividad en la inclusión financiera de la Economía Popular, facilitando el acceso a créditos formales con condiciones más ajustadas a las necesidades reales de los micronegocios y productores rurales. Esto puede traducirse en un incremento significativo en la demanda y colocación de recursos, contribuyendo al desarrollo económico local y a la reducción de financiamiento informal.
