Contexto y propósito del Decreto
El Ministerio del Trabajo de Colombia expidió el Decreto número 1469 el 31 de diciembre de 2025, con el fin de fijar el salario mínimo legal mensual para el año 2026. La determinación se fundamenta en las atribuciones conferidas por la Constitución Política y la Ley 278 de 1996, que establecen la remuneración mínima, vital y móvil como un derecho fundamental y una obligación social. El decreto responde a la necesidad de garantizar condiciones dignas de vida para los trabajadores y sus familias, en concordancia con los principios constitucionales del trabajo digno, la función social de la empresa y la dirección general de la economía a cargo del Estado.
Medidas y disposiciones principales
El decreto establece un aumento del 23% respecto al salario mínimo vigente en 2025, el cual era de un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500). Así, el salario mínimo para 2026 queda fijado en un millón setecientos cincuenta mil novecientos cinco pesos ($1.750.905). Este incremento se justifica en una valoración integral y razonada de diversos parámetros económicos y sociales, incluyendo:
- La inflación observada, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual del 5.3% a noviembre de 2025.
- La meta de inflación para 2026, establecida en 3% por la autoridad monetaria, con un intervalo de tolerancia.
- Indicadores de productividad laboral y económica, como la Productividad Total de los Factores (PTF) y el Producto Interno Bruto (PIB), que reflejan un crecimiento económico favorable.
- La contribución de los salarios al ingreso nacional.
- Estudios técnicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el concepto de salario vital, entendiendo este como el nivel salarial suficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio.
El decreto destaca que, aunque existe una brecha del 28.3% entre el salario mínimo vigente y el salario vital estimado para un hogar promedio, el ajuste progresivo y gradual busca cerrar esta diferencia de manera sostenible en el mediano plazo.
Ámbito de aplicación y entidades afectadas
El Decreto 1469 de 2025 tiene aplicación nacional y afecta a todos los trabajadores en Colombia que perciban el salario mínimo legal mensual. Las entidades empleadoras, tanto públicas como privadas, deberán ajustar los salarios conforme a este nuevo monto a partir del primero de enero de 2026. Asimismo, los sindicatos, centrales obreras y organizaciones empresariales participaron activamente en el proceso de concertación tripartita que precedió la expedición del decreto.
Proceso de concertación y base legal
La fijación del salario mínimo se realizó en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por representantes del gobierno, empleadores y trabajadores. Pese a múltiples sesiones y presentaciones técnicas por parte de instituciones como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Banco de la República, no se logró consenso entre las partes. Conforme al artículo 8 de la Ley 278 de 1996, en ausencia de acuerdo, corresponde al Gobierno Nacional la decisión final, la cual debe estar debidamente motivada y basada en parámetros legales y económicos.
El decreto se expide con fundamento en la Constitución Política, especialmente los artículos 25, 53, 56, 189, 333 y 334, y en la Ley 278 de 1996. Además, se considera la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado que exige motivación suficiente y verificación técnica para la fijación del salario mínimo.
Vigencia y derogaciones
El Decreto 1469 de 2025 entra en vigencia a partir del 1° de enero de 2026 y deroga expresamente el Decreto 1572 del 24 de diciembre de 2024, que fijaba el salario mínimo para 2025. Con esta normativa se garantiza la continuidad del marco jurídico para la protección del derecho al trabajo y la remuneración digna en Colombia.
Implicaciones para la ciudadanía y las entidades
Este aumento del salario mínimo tiene un impacto directo en millones de trabajadores colombianos que dependen de este ingreso para cubrir sus necesidades básicas, tales como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte. Para las entidades empleadoras, implica la obligación de ajustar las remuneraciones y revisar sus estructuras salariales para cumplir con la normativa vigente. Además, el decreto envía una señal clara sobre la importancia de mantener un diálogo social activo y la necesidad de equilibrar los derechos laborales con la sostenibilidad económica nacional.
En suma, el Decreto 1469 de 2025 representa un paso significativo en la política salarial colombiana, orientado a fortalecer el salario mínimo como un instrumento fundamental para la justicia social y el desarrollo económico sostenible. Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección de los derechos laborales y la promoción de un crecimiento económico inclusivo, que beneficie a trabajadores, empleadores y a la sociedad en general.
